La Audiencia Nacional ha dado un paso significativo en la clarificación del asesinato de Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía, ocurrido en octubre de 2000. Tras un recurso presentado por el hijo de la víctima, Luis Portero, presidente de Dignidad y Justicia, la Sección Tercera de lo Penal ha invalidado la decisión inicial del juez, que, con el respaldo de la Fiscalía, había rechazado la práctica de diligencias esenciales. Esta nueva resolución exige la realización de un informe exhaustivo sobre los explosivos utilizados por el comando Andalucía y un análisis grafológico de las notas confiscadas durante su desarticulación, con el objetivo de establecer la conexión de Ainhoa Mújica Goñi y Francisco Javier García Gaztelu, alias 'Txapote', con la planificación del atentado. La Sala fundamenta su decisión en un informe previo de la Guardia Civil que indicaba la participación de Mújica y 'Txapote' en el grupo Otsagui, responsable de la dirección militar de ETA en la época del atentado, encargándose de seleccionar objetivos de alto perfil y proporcionar los medios necesarios para los ataques.

A pesar de la objeción de la Fiscalía, que argumentaba la desarticulación del comando Andalucía años antes del crimen de Portero, el tribunal ha sostenido que es plausible que Mújica y 'Txapote' hayan tenido funciones previas en la organización que les proporcionaran la experiencia para dirigir los comandos, incluyendo la provisión de información sobre objetivos y medios para atentados. En consecuencia, se considera crucial el análisis de las notas manuscritas incautadas al comando, ya que podrían vincular a los dos exlíderes con el asesinato del fiscal. Adicionalmente, se ha ordenado un estudio sobre la trazabilidad de todos los elementos empleados en el ataque, como explosivos y armas. No obstante, la Sala ha rechazado, por el momento, otras diligencias como interrogar a un etarra arrepentido o a los autores materiales ya condenados, aunque estas podrían ser reconsideradas en función de los resultados de los análisis actualmente ordenados.

El proceso legal que se desarrolla en los tribunales españoles subraya el compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y la justicia, incluso décadas después de los hechos. A medida que la sociedad avanza, es fundamental recordar que la impunidad no tiene cabida, y que cada esfuerzo por desvelar la autoría intelectual de crímenes atroces contribuye a sanar las heridas del pasado. La perseverancia en la investigación de estos casos reafirma el principio de que la justicia, aunque a veces lenta, prevalecerá, consolidando la fe en el sistema legal y enviando un mensaje claro de que la violencia nunca tendrá la última palabra. Este proceso no solo busca responsabilizar a los culpables, sino también ofrecer un cierre a las víctimas y fortalecer los pilares de una sociedad que valora la paz y el respeto a la ley por encima de todo.