En los últimos años, Chile ha logrado importantes avances en la reducción de embarazos adolescentes gracias a una mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos y un cambio cultural que fomenta el autocuidado entre los jóvenes. Sin embargo, persisten desafíos significativos relacionados con la falta de educación sexual integral, especialmente en contextos vulnerables. Recientes estudios revelan que, aunque las tasas han disminuido considerablemente, muchas barreras continúan afectando el acceso a herramientas de cuidado reproductivo.
En un período marcado por transformaciones sociales, Chile enfrenta el desafío de consolidar avances en derechos sexuales y reproductivos. Durante los últimos diez años, se ha registrado una notable reducción en los índices de embarazo adolescente, pasando del 13,4% en 2013 al 3,8% en 2023. Este progreso está asociado principalmente a un aumento en el uso de métodos anticonceptivos y una disminución en la edad promedio de la primera relación sexual, lo que evidencia la necesidad de abordajes educativos más tempranos.
El informe Diagnóstico 2025 de la Defensoría de la Niñez destaca que la principal preocupación de niños, niñas y adolescentes sigue siendo la escasa educación sexual integral (ESI). Solo el 57% de ellos recibió este tipo de formación en sus instituciones educativas durante el último año, y menos aún expresaron satisfacción con los contenidos impartidos. En establecimientos públicos, esta cifra es aún más baja.
Una nueva medida gubernamental que requiere receta médica para adquirir anticonceptivos ha generado controversia. Si bien busca garantizar su correcto uso, expertos advierten que podría dificultar el acceso, particularmente entre adolescentes sin redes de apoyo confiables o en contextos de vulnerabilidad social.
Profesionales como Isidora Castro, psicóloga infantojuvenil, enfatizan la importancia de proporcionar espacios seguros donde se ofrezca información actualizada y basada en evidencia científica. Según Castro, "la adolescencia es un momento crucial para desarrollar autonomía y habilidades de toma de decisiones". La ESI debe promoverse desde una perspectiva inclusiva que respete etapas evolutivas y fortalezca recursos internos en cada individuo.
En regiones como Coquimbo, experiencias exitosas muestran cómo integrar programas educativos con servicios de salud puede mejorar resultados. Por ejemplo, en el Colegio San Luis, estudiantes participan tanto en clases teóricas como en charlas prácticas organizadas por profesionales locales.
No obstante, desigualdades estructurales persisten, profundizando brechas entre quienes tienen acceso a recursos adecuados y quienes no. Expertas como Bárbara Berrios subrayan que la educación en sexualidad debe ir más allá de evitar embarazos no deseados; debe incluir temas como consentimiento, placer y afectividad para empoderar a los jóvenes.
Desde una perspectiva crítica, la implementación de políticas restrictivas podría revertir avances significativos si no se acompañan de estrategias efectivas para facilitar el acceso a métodos anticonceptivos y educación integral.
La décima Encuesta Nacional de Juventudes 2022 refleja un aumento en el uso de métodos anticonceptivos durante la primera relación sexual, alcanzando un 86,6%. Sin embargo, estas cifras varían según nivel socioeconómico, destacando la necesidad de abordajes equitativos.
Por último, la exigencia de recetas médicas plantea interrogantes sobre cómo equilibrar regulaciones sanitarias con necesidades específicas de adolescentes. Su impacto potencial en poblaciones vulnerables merece ser evaluado cuidadosamente.
Como periodista, considero que este debate pone de manifiesto la urgente necesidad de políticas públicas inclusivas que prioricen el derecho al autocuidado y la educación integral en sexualidad. Solo mediante enfoques holísticos y contextualizados será posible superar las actuales disparidades y garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a herramientas que les permitan ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos.