En un reciente giro político en Navarra, la Presidenta María Chivite ha sido librada, por el momento, de comparecer ante la comisión parlamentaria que indaga sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Esta decisión, impulsada por la coalición conformada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Euskal Herria Bildu (EH Bildu) y Geroa Bai, subraya la dinámica de poder y las alianzas estratégicas en el parlamento regional. Mientras tanto, la atención se centra en otros actores clave que sí deberán rendir cuentas ante la comisión.

La controversia surge en el contexto de una investigación sobre asignaciones de obras públicas, con especial atención a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que sugiere la participación de Koldo García y Santos Cerdán en posibles adjudicaciones irregulares. Las formaciones de derecha, incluyendo UPN, PP, Vox y Contigo-Zurekin, habían solicitado vehementemente la citación de Chivite. Sin embargo, los partidos que apoyan al gobierno autonómico lograron bloquear esta iniciativa, generando un intenso debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas.

Los representantes de EH Bildu y Geroa Bai justificaron su postura argumentando que la Presidenta Chivite no está siendo investigada judicialmente y que no tuvo participación directa en las adjudicaciones bajo escrutinio. Además, señalaron que la jefa del ejecutivo ya había ofrecido explicaciones previas en la sede parlamentaria. En contraste, UPN tildó la situación de un \"escándalo\" y sugirió la existencia de un \"pacto de no agresión\" entre las fuerzas de izquierda para proteger al gobierno. Esta interpretación resalta la tensión política subyacente y las acusaciones de encubrimiento que han marcado el proceso.

La mayoría parlamentaria, compuesta por once miembros, también desestimó la comparecencia de la expresidenta de Navarra, Uxue Barkos (Geroa Bai), y de Ramón Alzórriz, quien fuera el número dos del PSN y que renunció a su cargo en junio al salir a la luz que su pareja trabajó para una constructora vinculada a Santos Cerdán. A pesar de estas negativas iniciales, EH Bildu y Geroa Bai manifestaron su disposición a considerar futuras citaciones de Chivite u otros funcionarios si el desarrollo de la investigación así lo amerita. Este matiz deja abierta la puerta a posibles comparecencias adicionales en fases posteriores del proceso, dependiendo de nuevas revelaciones o la evolución de las pesquisas.

A pesar de la exención de la presidenta, la comisión sí ha confirmado la citación de figuras relevantes. Entre ellos, Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE y con profundas raíces políticas en la región, deberá presentarse para responder. Igualmente, Koldo García ha sido convocado. Un nombre clave en la investigación es Antxón Alonso, propietario de Servinabar, empresa presuntamente implicada en la trama de adjudicaciones ilícitas y de la cual Cerdán era copropietario. La comparecencia de estos individuos se considera crucial para esclarecer las dinámicas y posibles irregularidades en los contratos gubernamentales.

Es importante destacar que la comisión no llamará a José Luis Ábalos ni a la actual ministra de Migraciones, Elma Saiz, quien anteriormente fungió como consejera de Economía en el gobierno foral. El funcionario de más alto rango del ejecutivo autonómico que sí deberá declarar es Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial en la administración de María Chivite, con quien comparte un vínculo familiar como su tío segundo. El consejero ha estado bajo el foco público debido a que, bajo su supervisión, se aprobó la licitación y ejecución de la obra del túnel de Belate, uno de los proyectos ahora cuestionados en el marco de este caso, lo que subraya la cercanía de la investigación con la estructura de gobierno actual.

La decisión de eximir a la Presidenta de Navarra de la comparecencia inicial en la comisión de investigación ha generado un debate significativo en el panorama político regional. La capacidad de los partidos gobernantes para proteger a sus miembros de un escrutinio directo en esta etapa inicial evidencia la complejidad de las alianzas y las negociaciones en el parlamento. Sin embargo, la persistencia en la investigación de otros actores clave y la posibilidad de futuras citaciones mantienen viva la expectativa de un esclarecimiento completo sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras públicas, reafirmando el compromiso con la transparencia y la justicia en la administración pública.