La representante gubernamental en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, enfrentó cuestionamientos significativos durante su declaración judicial respecto a las decisiones y comunicaciones realizadas durante la gestión de una devastadora inundación. En su comparecencia ante la magistrada que investiga los hechos, surgieron discrepancias entre sus declaraciones previas y los detalles revelados ahora. Particularmente destacable es su reconocimiento sobre la falta de información crítica relacionada con el barranco del Poyo, responsable de numerosas pérdidas humanas.

En un contexto de tensión y complejidad, Bernabé reconoció que el Cecopi, órgano clave en la coordinación de emergencias, no recibió advertencias claras sobre el peligroso desbordamiento del mencionado barranco. Este detalle contradice afirmaciones anteriores donde aseguraba contar con toda la información proporcionada por la Confederación Hidrológica del Júcar (CHJ). Según fuentes cercanas al interrogatorio, fue precisamente la alcaldesa de Paiporta quien notificó este riesgo a las 19:05 horas, tiempo después de que ya se habían producido víctimas mortales.

El testimonio también puso de manifiesto otros aspectos problemáticos. Por ejemplo, aunque existían avisos automáticos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) sobre la situación del río Magro, estos no fueron debidamente interpretados ni transmitidos verbalmente durante las reuniones clave. Esta desconexión informativa generó retrasos en la activación de protocolos necesarios para proteger a la población afectada.

Otro punto crucial abordado fue la controversia entorno a la alerta masiva enviada mediante el sistema ES-Alert. Inicialmente, Bernabé había señalado que esta comunicación ocurrió tras la llegada del presidente regional Carlos Mazón al Cecopi; sin embargo, admitió finalmente que tal aviso fue emitido antes de su presencia física en el lugar.

Además, Bernabé criticó la tardanza en la convocatoria del Cecopi, argumentando que una intervención temprana podría haber alterado drásticamente el desarrollo de los eventos. Subrayó que la responsabilidad legal del mando único residía en manos de la Generalitat cuando se activaron ciertas alertas.

Finalmente, la dirigente socialista presentó un registro exhaustivo de llamadas realizadas durante aquella jornada fatídica, totalizando más de 240 contactos. Reconoció que solo alrededor de las cinco de la mañana siguiente tuvo conocimiento oficial del número inicial de fallecidos, lo cual refleja la confusión y fragmentación en la recepción de datos críticos.

Los recientes descubrimientos han generado repercusiones legales y políticas. Algunas partes involucradas han anunciado su intención de solicitar formalmente la imputación de Bernabé, considerando que sus acciones o omisiones podrían estar vinculadas directamente con las graves consecuencias del desastre. Este caso continúa siendo objeto de análisis profundo mientras avanzan las investigaciones judiciales.