El conflicto entre el gobierno gallego y los nacionalistas se ha intensificado debido a diferencias en la interpretación de las leyes de transparencia. La responsable de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, reiteró que no comparecerá ante el Parlamento como líder de Impulsa Galicia, argumentando que esta entidad no es una sociedad pública sino privada. Según su perspectiva, las normas legales aplicables evitan compartir ciertos detalles empresariales con terceros. Lorenzana subrayó que respetar estos límites garantiza un entorno comercial justo dentro del marco legal español.

Por otro lado, los representantes del Bloque Nacionalista Galego (BNG) han criticado duramente esta postura. Para ellos, la creación de Impulsa Galicia tiene indicios de ser una estrategia para evitar supervisión gubernamental. Luis Bará, diputado nacionalista, señaló que si la conselleira no puede ofrecer información sobre dicha sociedad, esto reflejaría una falta de compromiso con la transparencia pública. Además, mencionó que el Consello de Contas ya había solicitado mayor claridad en este tema, destacando la relevancia de la participación de la Xunta en la sociedad.

En un contexto donde la transparencia institucional es clave para fortalecer la confianza ciudadana, resulta evidente que el acceso a información clara y verificable constituye un pilar fundamental en cualquier democracia. Este debate revela la importancia de establecer mecanismos equilibrados que aseguren tanto la protección de intereses comerciales como el cumplimiento de responsabilidades públicas. Las acciones emprendidas por el BNG demuestran que existen canales legales disponibles para resolver controversias de esta naturaleza, promoviendo así un sistema más justo y transparente.