El órgano legislativo del estado enfrenta críticas debido a un retraso significativo en la divulgación de actas de sesión. Según datos oficiales, las obligaciones legales de transparencia no se cumplieron en su totalidad durante más de seis meses. Aunque parte de esta información fue finalmente publicada, aún faltan documentos correspondientes a los primeros tres meses de 2025.
De acuerdo con la Ley de Transparencia, los órganos colegiados deben divulgar mensualmente minutas y acuerdos de reuniones. Sin embargo, este requisito fue ignorado hasta abril de este año. Este incumplimiento ha generado preocupación sobre la rendición de cuentas dentro del sistema político estatal.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) incurrió en un retraso considerable al divulgar sus actas de sesión. Durante más de medio año, no cumplió con las normativas establecidas por la Ley de Garantía de Acceso a la Información Pública. Solo tras la presión institucional se registró una publicación parcial hacia principios de este año.
El reporte cuantitativo del Congreso revela que las primeras catorce sesiones, celebradas entre septiembre y diciembre de 2024, fueron incluidas recientemente. Esto representa un incumplimiento flagrante de la legislación vigente, ya que la fracción XIII del artículo 84 de la Ley de Transparencia exige la divulgación mensual de dichos documentos. El órgano colegiado omitió esta obligación durante más de seis meses desde el inicio de la LXIV Legislatura, lo que genera dudas sobre la transparencia gubernamental.
La Jucopo está integrada por representantes clave de distintas bancadas políticas. En su primer año de operación, la presidencia recae en Héctor Serrano, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Como vicepresidente figura Rubén Guajardo Barrera, del PAN, mientras que Roberto García Castillo, de Morena, ocupa el cargo de secretario.
Este órgano tiene una frecuencia mínima de reuniones semanales, según sus propias disposiciones internas. Su papel es crucial para coordinar acciones legislativas y garantizar la transparencia informativa. Sin embargo, el retraso en la publicación de actas evidencia fallos en la gestión administrativa y pone en entredicho la capacidad del órgano para cumplir con sus responsabilidades legales. La falta de divulgación completa de los primeros meses de 2025 resalta la necesidad de fortalecer mecanismos de fiscalización y control interno.