El Ejecutivo foral navarro se encuentra en el ojo del huracán tras la adjudicación de un cuantioso contrato público, valorado en 76 millones de euros, a una compañía que, al parecer, tiene vínculos con una figura destacada del ámbito político. La operación, destinada a una obra de infraestructura de gran envergadura, ha desatado interrogantes sobre la transparencia y la legalidad del proceso, particularmente por la inclusión de un informe que habría sido clave para la aprobación del acuerdo, pero que se presentó de forma extemporánea. Este suceso ha provocado una profunda inquietud en la opinión pública y ha puesto en marcha varias investigaciones, exacerbando las dudas sobre la idoneidad de la gestión administrativa y la integridad de los procedimientos de contratación en la región.

Las indagaciones preliminares sugieren que la empresa beneficiaria no cumplía con los requisitos de solvencia técnica necesarios para el proyecto, y el informe en cuestión, emitido por una entidad ministerial, habría sido utilizado para subsanar esta carencia, a pesar de su presentación tardía. Esta situación ha sido motivo de censura por parte de organismos fiscalizadores, que han señalado irregularidades en el proceso de evaluación y adjudicación. La controversia se intensifica al revelarse la conexión de la empresa con un influyente exdirigente político, lo que alimenta las sospechas de favoritismo y tráfico de influencias, y eleva la tensión en el panorama político de la comunidad autónoma.

La Adjudicación del Megacontrato: Una Trama Cuestionable

El Gobierno de Navarra, liderado por María Chivite, se encuentra bajo un intenso escrutinio debido a la concesión de un contrato de 76 millones de euros a la empresa Servinabar 2000 SL. Esta compañía, que se ha revelado que contaba con una participación del 45% del ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, obtuvo el contrato para la construcción del túnel de Belate, la obra más grande en Navarra en los últimos 15 años. Lo más preocupante de esta adjudicación es que se fundamentó en un informe del Ministerio de Transportes, que fue solicitado y adjuntado al expediente fuera de los plazos establecidos, levantando serias dudas sobre la legitimidad del proceso. La UCO ha iniciado una investigación, sospechando un posible trato de favor hacia la UTE conformada por Acciona y Servinabar.

Según lo documentado, Servinabar 2000 SL carecía de la solvencia técnica necesaria para llevar a cabo una obra de esta magnitud. A pesar de ello, y de forma inusual, un informe del Ministerio de Transportes validó su capacidad, aunque apareció dos meses después de que se cerrara la propuesta de adjudicación. Esta irregularidad ha sido denunciada ante la oficina anticorrupción navarra y criticada por la Cámara de Comptos. Miembros de la mesa de contratación han expresado su preocupación, afirmando que el proceso fue manipulado para favorecer a Servinabar, una empresa con un historial limitado y no más de 10 empleados. Se han reportado acusaciones de prevaricación y un "falseamiento del procedimiento", con la revelación de que el presidente de la mesa, Jesús Polo, habría ignorado las objeciones y presionado para la aprobación del contrato, incluso negándose a ser relevado. Esta compleja situación ha escalado al Tribunal Supremo, que ha solicitado información al Ministerio de Transportes, intensificando la investigación sobre la conducta de figuras políticas y las decisiones administrativas en esta controvertida adjudicación.

Irregularidades y Repercusiones: El Informe y la UCO

La trama alrededor del contrato del túnel de Belate ha puesto de manifiesto la existencia de un informe del Ministerio de Transportes que, a pesar de haber sido presentado de forma irregular y fuera de plazo, resultó crucial para que la UTE de Acciona y Servinabar obtuviera la millonaria adjudicación. La justificación de solvencia técnica de Servinabar, en particular, se basó en este documento, que elevó la cifra de trabajos previos realizados de 1.5 millones a 77 millones de euros. Esta discrepancia y la tardanza en la presentación del informe han sido el epicentro de las críticas y han provocado una investigación exhaustiva por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Cámara de Comptos de Navarra, que han censurado el procedimiento.

La investigación de la UCO se ha extendido al propio Ministerio de Transportes, donde los agentes han recabado información crucial. El contrato del túnel de Belate, el más relevante de los seis obtenidos por Servinabar desde que Chivite asumió el poder, totalizando 100 millones de euros, es considerado el más sospechoso. La Cámara de Comptos ha señalado que la tardanza del informe impidió la imparcialidad en las puntuaciones de la mesa de contratación, lo que se traduce en un incumplimiento de la objetividad necesaria en un proceso de licitación pública. La situación ha generado una crisis de confianza, afectando la percepción de la transparencia en la administración regional. Además, se ha reportado la represalia contra el secretario de la mesa de contratación, quien fue reubicado temporalmente a un lugar suburbano tras denunciar las irregularidades, lo que subraya la gravedad de las implicaciones y la presión ejercida sobre quienes intentan mantener la ética en la función pública. La compleja red de intereses y decisiones cuestionables continúa desentrañándose, con implicaciones potencialmente significativas para los responsables involucrados y para la integridad de las contrataciones gubernamentales.