El Congreso de los Diputados se prepara para discutir y votar, en un plazo máximo de seis meses, si se elimina la protección legal que actualmente disfruta la tauromaquia en España. Este debate surge tras la certificación por parte de la Junta Electoral Central de más de 664.000 firmas de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) titulada "No Es Mi Cultura". La ILP busca derogar la Ley 18/2013, que considera a la tauromaquia como patrimonio cultural, devolviendo así las competencias a las comunidades autónomas y municipios para decidir sobre estos espectáculos.

La recogida de firmas, que superó el objetivo inicial de medio millón, representa un hito importante en la lucha contra la protección estatal de la tauromaquia. Esta iniciativa fue admitida a trámite en febrero de 2024 y podría modificar significativamente el panorama legal de los espectáculos taurinos en el país.

En el marco de este debate, Aïda Gascón, portavoz de la Comisión Promotora de la ILP, destacó que estas firmas reflejan un mandato ciudadano que exige al Congreso reconsiderar la protección de la tauromaquia bajo el pretexto del patrimonio cultural. Según datos oficiales, entre 2009 y 2023, los festejos taurinos han disminuido en un 62%, con solo un 6,3% de la población asistiendo a estos eventos en el último año. Estudios recientes también revelan que tres de cada cuatro españoles consideran inaceptable el uso de animales en corridas de toros.

Este movimiento no solo tiene implicaciones locales, sino también internacionales. Recientemente, Colombia ha abolido las corridas de toros, mientras que en México se han interpuesto decenas de amparos legales cuestionando la validez de estas prácticas. En Ciudad de México, ya se ha prohibido la muerte del toro en el ruedo, marcando un precedente significativo.

Con la certificación de esta ILP, el escenario está listo para un cambio potencial en la legislación española. Los defensores de la causa destacan que más de 2.000 voluntarios dedicaron meses a recolectar firmas, enfrentándose a diversos obstáculos administrativos y burocráticos. Su esfuerzo ha sido crucial para alcanzar este hito histórico.

La decisión del Congreso tendrá un impacto profundo tanto en el ámbito cultural como ético de España. Si se aprueba la ILP, las comunidades autónomas recuperarán su capacidad para regular o prohibir los espectáculos taurinos, abriendo un nuevo capítulo en la relación de la sociedad española con esta tradición controversial.