Un informe reciente emitido por Transparencia por Colombia arroja luz sobre serias deficiencias en el acceso a la información y la trazabilidad de los fondos públicos destinados a implementar el Acuerdo de Paz firmado hace ocho años entre el Gobierno Nacional y las FARC. Este análisis abarca más de 109.000 contratos relacionados con dicho acuerdo, destacando que solo una fracción incluye datos claros sobre su propósito específico, lo que complica enormemente cualquier evaluación efectiva.
El estudio realizado examina un volumen significativo de contratos vinculados al proceso de paz, identificando que menos de la mitad proporciona detalles específicos acerca de su conexión con los pilares establecidos en el acuerdo. Esta falta de precisión dificulta no solo la rendición de cuentas sino también la medición del impacto real de dichas inversiones. Además, llama la atención el predominio de contratos de prestación de servicios, cuya sostenibilidad plantea interrogantes importantes.
En cuanto a la distribución de recursos, se observa que la mayor parte ha sido dirigida hacia la reforma rural integral y la atención a víctimas. Sin embargo, persisten retos significativos en cuanto a la ejecución eficiente de programas de reparación y asistencia. Asimismo, existen preocupaciones respecto a la viabilidad a largo plazo de proyectos enfocados en la reincorporación de excombatientes.
La transparencia en la contratación pública también enfrenta desafíos estructurales. Aunque herramientas como el marcador Paz en Secop I y II han mejorado parcialmente la capacidad de seguimiento, errores en la clasificación y omisiones continúan siendo problemas recurrentes. Desde 2023, el Fondo Colombia en Paz ha intentado avanzar mediante la publicación de datos abiertos, aunque inconsistencias con otros sistemas oficiales restan confiabilidad a esta información.
Para abordar estas limitaciones, Transparencia por Colombia recomienda fortalecer las capacidades institucionales de diversas entidades involucradas, promoviendo una mayor apertura y claridad en la gestión de recursos destinados a consolidar la paz. Sandra Martínez, directora programática de la organización, subraya que aún queda mucho por hacer para garantizar una verdadera transparencia en este ámbito crucial.
Este análisis destaca la necesidad urgente de adoptar medidas más contundentes que faciliten tanto el acceso a la información como la evaluación del impacto de los esfuerzos realizados hasta ahora. Solo así será posible avanzar hacia una implementación más efectiva del Acuerdo de Paz, asegurando que los recursos asignados realmente contribuyan al bienestar de las comunidades afectadas.