El líder del gobierno andorrano, Xavier Espot, ha negado categóricamente las acusaciones vertidas por RAC1 relacionadas con una supuesta conspiración entre Andorra y España para desestabilizar la Banca Privada d'Andorra (BPA). Según el medio, esta operación estaría vinculada a intereses políticos y financieros internacionales. Sin embargo, Espot refutó tales afirmaciones durante una sesión oficial del Consejo General, destacando que cualquier implicación gubernamental en la intervención bancaria es falsa.

En un análisis más profundo, el escándalo surge tras la revelación de correos electrónicos que conectan figuras clave como Mariano Rajoy, el excomisario Jose Manuel Villarejo y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) español. Estas comunicaciones sugieren una estrategia coordinada junto al gobierno andorrano liderado anteriormente por Antoni Martí para intervenir el BPA, institución bajo sospecha por posibles vínculos con actividades de blanqueo de capitales. Estados Unidos también habría alertado sobre estas prácticas.

Aunque algunos señalan que estos movimientos tenían como objetivo perseguir cuentas asociadas a líderes independentistas catalanes, Xavier Espot insiste en que su gobierno actuó únicamente para preservar la integridad del sistema financiero nacional. Durante su mandato previo como consejero de Interior y Justicia, aseguró que todas las acciones fueron impulsadas por advertencias estadounidenses sobre riesgos financieros globales.

El debate cobró mayor tensión cuando el diputado Cerni Escalé interrogó al Ejecutivo sobre su falta de respuesta ante estas acusaciones. A pesar de sugerir que se auditen los mencionados correos, Espot reiteró que desmentir dichas informaciones no es responsabilidad directa del gobierno andorrano, defendiendo así la postura oficial de negativa absoluta.

Finalmente, este caso pone de relieve tensiones geopolíticas y la necesidad de transparencia en las relaciones entre gobiernos. La intervención del BPA sigue siendo un tema controvertido, pero desde Andorra se mantiene firme la posición de que las medidas tomadas fueron exclusivamente para proteger la estabilidad económica del país, sin ulteriores motivaciones políticas o extranjeras.