En medio de crecientes acusaciones sobre la falta de transparencia del gobierno de Puerto Rico bajo la administración de Jenniffer González, diversas organizaciones periodísticas y profesionales han denunciado prácticas que contradicen las afirmaciones oficiales. Durante una conferencia de prensa reciente, el secretario de Asuntos Públicos, Hiram Torres Montalvo, declaró que nunca se ha restringido información pública. Sin embargo, tanto el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) como otros medios han documentado múltiples casos de obstrucción al acceso a datos gubernamentales cruciales.
En un entorno donde la libertad de prensa es vital para mantener una democracia saludable, diversos testimonios revelan un patrón sistemático de restricción en el acceso a la información pública por parte del gobierno puertorriqueño. En el caso del CPI, numerosas solicitudes enviadas al secretario de Asuntos Públicos permanecen sin respuesta, incluyendo peticiones de entrevistas con la propia gobernadora desde enero. Paralelamente, otras instituciones gubernamentales como Salud, Educación y Corrección también han ignorado requerimientos informativos.
Además, iniciativas como "En Récord" – presentada oficialmente como un mecanismo para facilitar encuentros entre funcionarios y periodistas – parecen ser más formales que efectivas. Los videos de estas conferencias han sido eliminados de redes sociales, mientras que comunicados no llegaron a todos los medios. Esto genera dudas sobre su verdadero propósito.
El panorama empeora cuando analizamos cómo ciertas estrategias limitan aún más la cobertura periodística. Por ejemplo, celebrar conferencias dominicales cuando la mayoría de los medios carece de personal activo sugiere intencionalidad en reducir fiscalización pública.
Desde una perspectiva profesional, esta situación plantea preocupantes implicaciones sobre la democracia en Puerto Rico. Si el acceso a la información está condicionado o censurado previamente, entonces cualquier reclamo de transparencia resulta vacío e insustancial. Es fundamental que tanto el gobierno como sus representantes comprendan que la prensa actúa como intermediaria entre ellos y el pueblo, garantizando así un flujo abierto y honesto de conocimiento. Solo mediante este compromiso genuino con la apertura podrá recuperarse la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas.