El gobierno español ha formalizado su incorporación a un acuerdo internacional que busca fomentar la transparencia fiscal mediante el intercambio automático de información relacionada con criptoactivos. Este convenio, impulsado por la OCDE, establece mecanismos para compartir datos entre países y combatir prácticas como la evasión o elusión fiscal. La entrada en vigor está prevista para finales de 2024.

Los participantes deben intercambiar anualmente información detallada sobre usuarios de criptomonedas, incluyendo sus movimientos financieros, saldos y transacciones realizadas. Además de los datos personales, se requiere la identificación precisa de las entidades involucradas en estas actividades digitales.

Mecanismos de Transparencia Fiscal

La iniciativa promovida por la OCDE tiene como objetivo central fortalecer la cooperación fiscal internacional a través del intercambio sistemático de información financiera. Este sistema garantizará que tanto España como otros países miembros puedan recibir datos actualizados sobre las operaciones realizadas con criptoactivos por sus ciudadanos residentes en diferentes jurisdicciones. Los gobiernos tendrán acceso a detalles específicos sobre cuentas, transacciones y movimientos monetarios vinculados a estos activos digitales.

Este proceso de intercambio se llevará a cabo dentro de un plazo estricto de nueve meses tras el cierre de cada año fiscal. Las autoridades competentes deberán proporcionar nombres, direcciones, números de identificación fiscal y fechas de nacimiento de los individuos físicos implicados en dichas transacciones. En el caso de personas jurídicas, será necesario identificar claramente a las empresas responsables o beneficiarias de tales operaciones. Este nivel de detalle permitirá a los organismos fiscales monitorear más eficazmente cualquier actividad sospechosa relacionada con criptomonedas.

Relevancia para la Gestión Fiscal Nacional

Con la implementación de este acuerdo, España dará un paso crucial hacia la mejora de la transparencia fiscal en relación con las operaciones de criptoactivos. Gracias a esta colaboración internacional, las autoridades podrán acceder a información crítica que antes quedaba fuera de su alcance debido a las barreras fronterizas. Este acceso mejorará significativamente la capacidad de control y supervisión sobre posibles desvíos fiscales relacionados con criptomonedas.

Además de facilitar el cumplimiento tributario, este convenio servirá como herramienta preventiva contra prácticas ilegales asociadas al uso de criptomonedas. Al requerir una amplia gama de datos, desde tipos específicos de criptoactivos hasta operaciones realizadas con ellos, se asegura una visión integral de las actividades financieras digitales. Este enfoque holístico no solo contribuirá a reducir riesgos fiscales, sino que también promoverá un marco regulatorio más justo y equitativo para todos los contribuyentes.