Un equipo de expertos europeos encargado de analizar el apagón masivo ocurrido el 28 de abril en España y Portugal ha enviado una carta oficial al gobierno español solicitando colaboración. Según la misiva, las principales empresas eléctricas están reteniendo información crucial para esclarecer las causas del incidente más grave de la historia del sistema eléctrico ibérico. Esta falta de cooperación podría retrasar las investigaciones, lo que ha generado tensiones entre los actores involucrados, incluidas Red Eléctrica, las compañías generadoras y las autoridades reguladoras.
El panel de expertos liderado por ENTSO-E, la red europea de gestores de redes, reveló en su carta enviada a Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, que han encontrado resistencia por parte de terceros en proporcionar datos necesarios. Estas entidades argumentan razones de confidencialidad legal. Para resolver este problema, el grupo pidió intervención directa del gobierno español con el fin de garantizar la transmisión oportuna de la información requerida. Los expertos subrayaron que cualquier dato recibido será tratado con estricta confidencialidad y solo utilizado para fines de investigación.
En medio de este contexto, las discrepancias entre las partes implicadas han escalado considerablemente. Empresas como Iberdrola, Endesa y EDO acusaron públicamente a ENTSO-E de ignorar oscilaciones significativas en la red antes del corte eléctrico. Por otro lado, Red Eléctrica aseguró que no había detectado tales fluctuaciones en el momento del incidente y enfatizó la importancia de centrarse en eventos específicos que podrían haber desencadenado la crisis. Este intercambio de críticas se hizo evidente durante un evento público reciente donde representantes de ambas partes confrontaron abiertamente sus posiciones.
Además, algunas compañías expresaron preocupaciones sobre la imparcialidad de ENTSO-E debido a su papel dual como coordinador y parte interesada en el sistema eléctrico europeo. Sin embargo, Red Eléctrica ha negado cualquier conflicto de interesos, destacando que todas sus acciones están documentadas conforme a la normativa vigente.
El impacto económico, político y legal del apagón sigue siendo significativo, lo que aumenta la presión sobre las partes involucradas para determinar responsabilidades precisas. Las próximas semanas serán cruciales para avanzar en las investigaciones y resolver las diferencias pendientes.
Con la situación actual, queda claro que la resolución de este caso complejo dependerá tanto de la cooperación efectiva entre las partes como de la intervención adecuada de las autoridades competentes. La búsqueda de respuestas claras y justas continuará mientras se mantienen altas las tensiones en el sector energético ibérico.