La Unión Europea ha adoptado una nueva directiva que busca simplificar y estandarizar el intercambio automático de información fiscal entre los Estados miembros. Esta medida, establecida en la Directiva (UE) 2025/872, modifica la Directiva 2011/16/UE para facilitar la cooperación administrativa en materia fiscal. Las grandes empresas ahora pueden realizar declaraciones centralizadas de impuestos complementarios, lo que reduce la carga administrativa al permitir que una sola entidad del grupo presente toda la información relevante. Este sistema debe estar operativo antes del 1 de diciembre de 2026, con las primeras declaraciones previstas para junio de 2026 basadas en datos fiscales de 2024. Además, se han definido plazos claros para la comunicación entre jurisdicciones y modelos normalizados para garantizar uniformidad en el proceso.
En mayo de 2025, se publicó la Directiva (UE) 2025/872, que introduce modificaciones clave en la legislación fiscal europea. Uno de los aspectos más destacados es la posibilidad de presentar una declaración informativa centralizada del impuesto complementario, conocida como "Top-up Tax Information Return" (TTIR). Anteriormente, cada entidad debía presentar su propia declaración localmente, lo que aumentaba significativamente la complejidad y el costo administrativo para las multinacionales. Ahora, bajo esta nueva normativa, una única entidad matriz o designada puede cumplir con este requisito por todo el grupo. Este cambio no solo simplifica el proceso sino que también asegura una mayor transparencia fiscal dentro de la UE.
El marco legal establece que cuando una declaración TTIR sea presentada correctamente por la entidad matriz última o una entidad declarante designada, otras entidades constitutivas dentro del mismo grupo quedan exentas de presentar informes adicionales a nivel local. Esto se aplica siempre que exista un acuerdo válido entre la jurisdicción donde opera la entidad matriz y el Estado miembro correspondiente. Los Estados miembros tienen hasta finales de 2025 para adaptar sus leyes nacionales según lo requerido por esta directiva, asegurando así una implementación eficiente antes de las fechas límite establecidas.
Otro elemento crucial de esta reforma es el intercambio automático de información entre autoridades competentes. Una vez recibida la declaración centralizada, el Estado miembro responsable debe comunicar partes específicas de dicha declaración a otros Estados involucrados dentro de un plazo máximo de tres meses tras la fecha límite de presentación. Para el primer período impositivo afectado, este plazo se extiende a seis meses. Este procedimiento garantiza que todas las partes interesadas reciban la información necesaria para evaluar adecuadamente el cumplimiento fiscal de las empresas multinacionales bajo su jurisdicción.
Además, se incluyen disposiciones especiales para casos excepcionales, como negocios conjuntos o filiales sujetas a diferentes regímenes fiscales en varios Estados miembros. Estas situaciones requieren un tratamiento particular para evitar distorsiones en la aplicación del impuesto complementario y asegurar un trato equitativo entre todos los actores implicados. La Comisión Europea tiene autoridad para desarrollar modelos electrónicos normalizados que faciliten aún más este proceso, promoviendo la interoperabilidad y reduciendo errores potenciales durante el intercambio de datos.
Con estas medidas, la Unión Europea da un paso importante hacia una mayor armonización fiscal, mejorando tanto la eficiencia operativa de las empresas como la capacidad de las administraciones tributarias para supervisar y auditar adecuadamente las obligaciones fiscales de las multinacionales. Este enfoque integral refuerza la confianza en el sistema fiscal europeo mientras aborda desafíos emergentes relacionados con la globalización económica y la erosión de bases impositivas.