La gestión de la información médica ha tomado un rumbo polémico en la región. Actualmente, los documentos que reflejan el estado de salud de millones de personas se encuentran bajo la custodia externa de una empresa privada. Este cambio marca un antes y un después en cómo se maneja la confidencialidad y la seguridad de estos datos sensibles. En lugar de permanecer dentro de las instalaciones hospitalarias, ahora circulan por caminos inesperados hacia naves industriales lejos del control directo de las autoridades sanitarias.
Este proceso comenzó con pequeños pasos discretos pero ha crecido rápidamente hasta convertirse en una práctica extendida. Desde radiografías hasta historias clínicas de pacientes ya fallecidos, cada área sanitaria ha externalizado sus archivos mediante contratos lucrativos asignados a la misma compañía: Severiano Servicio Móvil S.A. Estos acuerdos incluyen no solo la custodia física de los documentos, sino también su digitalización y selección de qué información debe conservarse o eliminarse. Con ello, surge una preocupación legítima sobre quién realmente tiene acceso a estos registros y bajo qué criterios se toman decisiones tan delicadas.
Además de las implicaciones éticas y de privacidad, este modelo genera un impacto económico considerable. Los costos asociados a estos servicios superan cifras millonarias, mientras que paralelamente disminuyen los puestos de trabajo públicos dedicados a esta labor. Aunque se argumenta que la privatización podría mejorar la eficiencia, la realidad muestra que tanto empleados como pacientes enfrentan consecuencias negativas. Es fundamental reflexionar sobre si este sistema beneficia verdaderamente al bienestar colectivo o simplemente enriquece intereses privados.
En un mundo donde la protección de datos es prioritaria, resulta crucial repensar modelos que prioricen tanto la seguridad como la transparencia en la gestión de información sensible. La colaboración público-privada puede ser útil, pero debe estar regida por principios de responsabilidad social y respeto absoluto a la intimidad personal. Solo así podremos construir sistemas más justos e inclusivos que beneficien a toda la sociedad.