En un evento celebrado en Culiacán, Sinaloa, la diputada Juana Minerva Vázquez González destacó el avance del derecho a saber en México. Este se encuentra protegido tanto por el artículo sexto constitucional como por la Ley General de Transparencia. La legisladora afirmó que la población local cuenta con una base legal sólida y tecnologías innovadoras que democratizan el acceso a la información gubernamental. Además, resaltó cómo los portales estatales han sido adaptados para facilitar la consulta de datos sobre presupuestos y contratos. También mencionó el uso de inteligencia artificial para optimizar la búsqueda de información.
En una jornada significativa llevada a cabo en la capital del estado de Sinaloa, representantes políticos abordaron temas clave relacionados con la transparencia gubernamental. En este contexto, Juana Minerva Vázquez González, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, subrayó la importancia de modernizar las herramientas de acceso a la información pública. Según su intervención, los avances tecnológicos permiten hoy una mayor facilidad en la obtención de datos esenciales, eliminando barreras burocráticas y acelerando procesos. El debate incluyó la discusión sobre la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y su equivalente estatal, medidas adoptadas para evitar duplicidades administrativas.
Por otro lado, Paola Iveth Gárate Valenzuela, miembro del PRI, expresó preocupaciones sobre la disolución de la CEAIP, sugiriendo la creación de nuevas figuras garantes que recuperen sus funciones. Propuso reformas legales para establecer obligaciones claras entre entes públicos y mejorar la confianza ciudadana mediante observatorios vinculantes.
Desde una perspectiva periodística, esta discusión refleja no solo el compromiso político hacia la transparencia, sino también la necesidad de equilibrar innovación tecnológica con mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Aunque la eliminación de ciertos organismos puede generar incertidumbre, propuestas como las planteadas por Gárate Valenzuela muestran un camino hacia sistemas más robustos y participativos. Es crucial seguir promoviendo espacios donde sociedad y gobierno colaboren para garantizar el acceso justo a la información pública.