Un proyecto de ley que busca salvaguardar los datos personales de los vendedores ambulantes frente al acceso de las autoridades federales de inmigración ha sido avalado por el Senado estatal y ahora espera su revisión en la Asamblea. Los partidarios de esta iniciativa, SB 635, destacan su papel crucial en la protección de trabajadores migrantes indocumentados, mientras que sus detractores temen que obstaculice la aplicación de leyes migratorias.

Importancia del Proyecto de Ley para los Trabajadores Indocumentados

El proyecto de ley SB 635 pretende garantizar la privacidad de los datos recopilados durante el proceso de obtención de permisos municipales. Este esfuerzo busca tranquilizar a quienes dependen de la venta callejera como medio de vida, especialmente a los indocumentados como Jenny Ruiz, cuyo negocio representa tanto un sustento económico como una fuente de orgullo personal. Sin embargo, la preocupación constante sobre posibles repercusiones legales sigue presente.

La senadora María Elena Durazo presentó este proyecto con la intención de proporcionar seguridad a quienes realizan actividades económicas informales. La propuesta no solo limita el acceso de agentes federales a información sensible, sino que también prohíbe colaboraciones entre funcionarios locales y agencias migratorias. Para Ruiz y otros vendedores, esta medida podría significar una mayor sensación de estabilidad y libertad laboral. Al expresar su apoyo, defensores como Bryan Sánchez resaltan cómo esta ley permitiría a estos individuos continuar desarrollando sus vidas sin temor excesivo.

Perspectivas y Futuro del Proyecto de Ley SB 635

A pesar del apoyo recibido, la SB 635 enfrenta críticas desde sectores opuestos, quienes argumentan que tal iniciativa puede dificultar la implementación efectiva de regulaciones migratorias. Expertos legales sugieren que incluso si se aprueba, podría desembocar en disputas judiciales complejas. Aunque ya ha pasado el Senado, su éxito final dependerá de su trámite en la Asamblea Estatal.

En respuesta a estas críticas, la senadora Durazo ha manifestado gratitud hacia los legisladores californianos que han respaldado la medida hasta ahora. Ella subraya la necesidad de avanzar con esperanza hacia un sistema más inclusivo para todos los trabajadores, independientemente de su estado migratorio. Este debate refleja tensiones más amplias entre derechos humanos y cumplimiento legal, dejando espacio para futuros desarrollos que definirán el destino de miles de personas afectadas por la situación actual.