Con la próxima renovación de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, una encuesta reciente revela una preocupante falta de información entre los ciudadanos. Aunque muchos saben que habrá elecciones judiciales, pocos conocen detalles específicos o fechas exactas. Paralelamente, existe un optimismo significativo hacia el proceso, impulsado principalmente por la popularidad presidencial, más que por un conocimiento técnico del tema.
La baja participación esperada y la influencia partidista plantean dudas sobre la efectividad del sistema electoral para garantizar una verdadera independencia judicial. La historia y experiencias internacionales muestran resultados mixtos respecto a las elecciones populares de jueces, lo que genera incertidumbre sobre si este mecanismo puede lograr los objetivos propuestos.
Falta de Información y Optimismo Contradictorio
La encuesta de Enkoll destaca una desconexión notable entre la percepción ciudadana y los hechos. A pesar de la amplia mayoría que reconoce la necesidad de reforma judicial, solo una minoría está bien informada sobre el proceso electoral en curso. Este contraste se explica parcialmente por la confianza depositada en la figura presidencial como garante de cambios positivos.
Los datos reflejan que, aunque un 72% cree que la reforma es necesaria, esta convicción no deriva de un análisis crítico o de un conocimiento profundo del funcionamiento judicial. En lugar de ello, parece estar fundamentada en la popularidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya imagen positiva atraviesa líneas políticas. Esta dinámica sugiere que el apoyo al proceso judicial se basa más en emociones y creencias que en argumentos técnicos o evidencia empírica. El fenómeno ilustra cómo la política contemporánea puede depender más de narrativas simplificadas que de discusiones sustantivas.
Implicaciones Institucionales y Futuro del Sistema Judicial
Las proyecciones de baja participación y la influencia partidista plantean serias interrogantes sobre la viabilidad del nuevo diseño institucional. Las condiciones actuales parecen favorecer un control político disfrazado de democracia, donde la voluntad popular se convierte en un instrumento para legitimar decisiones ya determinadas.
Experiencias internacionales muestran que las elecciones populares de jueces no siempre garantizan mayor independencia ni honestidad en el sistema judicial. Por ejemplo, en algunos estados de Estados Unidos, estos procesos han resultado en campañas costosas y politizadas, erosionando la neutralidad judicial. En Bolivia, los altos índices de votos nulos indican desconfianza ciudadana hacia tales mecanismos. Estos ejemplos sugieren que, sin un marco adecuado de transparencia e información, las elecciones pueden convertirse en meros procedimientos formales que perpetúan viejos patrones de subordinación. En el caso mexicano, el riesgo es que el actual proceso formalice una dependencia preexistente del Poder Judicial respecto al Ejecutivo, bajo el manto de la democracia participativa.