Un alto representante del gobierno estadounidense ha revelado cifras alarmantes sobre la influencia laboral de las organizaciones criminales mexicanas. Según Sebastian Lukács Gorka, director de contraterrorismo del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, más de medio millón de personas estarían vinculadas a estas estructuras en México. Este número marca un incremento significativo respecto a estudios anteriores y pone de relieve el alcance del problema desde una perspectiva económica y social.

Gorka destacó durante una conferencia organizada por un medio político estadounidense que muchas de estas personas operan bajo coacción, subrayando así la necesidad de colaboración entre ambos países para recuperar áreas controladas por estos grupos ilegales. En este contexto, se mencionó la posibilidad de intervención militar conjunta, aunque dicha decisión dependería de la aprobación oficial por parte del gobierno mexicano.

En años recientes, investigaciones académicas han analizado el crecimiento de estas organizaciones. Un estudio publicado en 2023 señalaba que cerca de 175 mil individuos formaban parte de los cárteles, posicionándolos como uno de los mayores empleadores del país. Las proyecciones sugerían que esta cifra podría aumentar considerablemente hacia 2027, con un impacto directo tanto en la violencia como en la expansión territorial de estas redes.

Otro aspecto crucial es la participación de diferentes organizaciones dentro de este panorama. El Cártel Jalisco Nueva Generación lidera las estadísticas, seguido por otras entidades regionales importantes. Estas estructuras no solo operan dentro de fronteras nacionales, sino que también han extendido sus actividades a múltiples países alrededor del mundo.

La Administración López Obrador ha desafiado tales estimaciones, enfatizando la importancia de proyectos públicos como fuente principal de empleo formal. Sin embargo, autoridades internacionales, incluyendo la DEA, han mantenido su postura sobre el tamaño y alcance de estas organizaciones criminales.

Finalmente, queda claro que los cárteles mexicanos no solo son un peligro criminal, sino también un fenómeno económico y social de gran magnitud. La cooperación binacional sigue siendo fundamental para enfrentar este desafío común, buscando soluciones integrales que aborden tanto la seguridad pública como el bienestar social en ambas naciones.