En el contexto de este litigio, emerge una figura central: Day Vásquez, quien enfrenta cargos graves relacionados con el acceso indebido a información privada. Según el informe oficial liderado por el fiscal Mario Burgos, Vásquez utilizaba cuentas ficticias de mensajería instantánea para intercambiar datos confidenciales consigo misma. Esta práctica no solo violó principios éticos sino también legales, al exponer información delicada sobre Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro.
Las investigaciones señalan que estos actos ocurrieron durante un período crítico entre septiembre y diciembre de 2022, cuando se desarrollaban pesquisas paralelas sobre supuestos casos de corrupción vinculados a Nicolás Petro. La Fiscalía sostiene que Vásquez accedió ilegalmente al sistema Spoja para obtener detalles reservados sobre procesos judiciales en curso, lo cual complica aún más su posición ante la justicia.
Una parte esencial del caso gira en torno a dos activos significativos: un vehículo Mercedes Benz E200 y una propiedad residencial ubicada en Tubará, Atlántico. Estos bienes fueron adquiridos durante la relación entre Vásquez y Nicolás Petro y ahora forman parte de un acuerdo legal con la Fiscalía General. A través de este pacto, Vásquez busca mitigar las consecuencias penales derivadas de sus acciones previas.
El automóvil, adquirido antes del ciclo electoral presidencial, ha generado controversia debido a discusiones internas registradas entre ambos implicados sobre cambiar su titularidad para evitar sospechas. Por otro lado, la casa en Tubará refleja un patrón similar de ocultamiento financiero, reforzando las acusaciones de enriquecimiento ilícito contra Nicolás Petro.
Entre los nombres mencionados en esta trama destacan Samuel Santander Lopesierra, conocido como "El Hombre Marlboro", y Alfonso "El Turco" Hilsaca, ambos ligados a actividades ilícitas y grandes sumas de dinero. Según testimonios proporcionados por Vásquez, estas figuras habrían transferido aproximadamente 800 millones de pesos colombianos destinados tanto a la campaña presidencial de Gustavo Petro como al incremento personal del patrimonio de su hijo.
Estas contribuciones financieras plantean serias interrogantes sobre la transparencia y moralidad en política colombiana contemporánea. Además, evidencian cómo redes externas pueden influir decisivamente en decisiones clave dentro del ámbito gubernamental, generando tensiones sociales y políticas considerables.
Este escándalo tiene repercusiones profundas más allá de los tribunales; afecta directamente la percepción pública hacia líderes políticos y sus allegados. Las revelaciones sobre prácticas corruptas y abuso de poder erosionan la confianza ciudadana en instituciones fundamentales del Estado. En particular, las relaciones personales involucradas —como la amistad previa entre Vásquez y Ojeda— añaden un componente emocional intenso al análisis jurídico objetivo requerido.
Por otra parte, las autoridades continúan recopilando evidencia adicional que podría extender las implicaciones del caso a otros individuos dentro del círculo cercano de poder político. Cada nuevo descubrimiento amplifica el alcance potencial del impacto social y político, dejando claro que este asunto está lejos de resolverse completamente.