Un conflicto ha surgido entre la organización Acción Ciudadana y el Ministerio de Obras Públicas debido a la negativa del gobierno de proporcionar detalles sobre el proyecto de construcción del viaducto Francisco Morazán y la ampliación de la carretera Panamericana CA01W. Según informes, toda la información relacionada con este plan, incluyendo estudios, contrataciones y ejecución, se encuentra bajo reserva hasta 2027. Este estado de secrecía ha generado preocupación por la falta de transparencia en proyectos clave de infraestructura pública.
La AC argumenta que datos fundamentales como ubicación, costo, fuente de financiamiento y empresas responsables son esenciales para garantizar rendición de cuentas. A pesar de las solicitudes formales, las autoridades han justificado la reserva basándose en leyes que protegen estrategias estatales en procesos legales o administrativos activos. Este caso resalta tensiones entre acceso ciudadano a la información y consideraciones gubernamentales de confidencialidad.
Polémica Sobre Transparencia en Infraestructuras Públicas
El desacuerdo entre Acción Ciudadana y el MOPT refleja una creciente preocupación sobre la transparencia en proyectos públicos. La organización pidió información específica sobre el viaducto Francisco Morazán y la ampliación de la carretera CA01W, pero fue informada de que dichos datos están restringidos según disposiciones legales vigentes. Esta decisión contradice principios básicos de apertura gubernamental.
Acción Ciudadana destacó que incluso datos generales como nombres de obras, ubicaciones exactas, costos totales y fuentes de financiamiento deberían ser accesibles al público. Estos elementos son cruciales para evaluar el impacto y eficiencia de iniciativas estatales. Sin embargo, el gobierno ha decidido mantener estos detalles ocultos, citando razones legales que priorizan la protección de estrategias institucionales frente a posibles disputas judiciales o administrativas pendientes. Este enfoque genera dudas sobre cómo los ciudadanos pueden fiscalizar adecuadamente el uso de recursos públicos.
Respuesta Oficial y Debate Legal
Ante las críticas, el ministro Romeo Herrera Rodríguez afirmó que ciertos aspectos del proyecto ya han sido divulgados a través de canales oficiales como redes sociales. Sin embargo, esta declaración no satisface plenamente las demandas de transparencia formuladas por organizaciones civiles. El debate persiste sobre si estas revelaciones parciales cumplen con los estándares legales exigidos.
Desde un punto de vista legal, el gobierno defiende su posición señalando que la Ley de Acceso a la Información Pública permite reservar información cuando comprometerla podría afectar procedimientos en curso. Este argumento choca frontalmente con la opinión de expertos en transparencia, quienes insisten en que la divulgación responsable no necesariamente entorpece procesos legales. Además, la AC puntualiza que muchos datos solicitados no caen dentro de categorías sensibles definidas por ley, lo que sugiere que la reserva puede estar siendo utilizada como mecanismo protector excesivo. Este caso ejemplifica tensiones recurrentes entre derechos ciudadanos y discrecionalidad gubernamental en materia informativa.