El Tribunal Supremo profundiza en la investigación de presuntas contrataciones indebidas dentro del ámbito público, centrándose en el caso de Claudia Montes. Este escrutinio judicial busca determinar si hubo influencias indebidas desde altos cargos gubernamentales que facilitaron su ingreso en Logirail.

Por otro lado, las investigaciones apuntan a posibles irregularidades en los procesos laborales y falta de cumplimiento en las responsabilidades profesionales asignadas, lo que podría implicar a más personas dentro del sector de transporte público.

Análisis Judicial sobre la Contratación de Claudia Montes

El magistrado Leopoldo Puente ha solicitado información detallada al Ministerio de Transportes para esclarecer cómo se llevó a cabo la incorporación de Montes a Logirail. La ausencia de la testigo en una convocatoria judicial por motivos de desahucio ha retrasado este proceso, pero no ha frenado el interés del tribunal en obtener respuestas claras.

El caso se vincula con interceptaciones realizadas por la Guardia Civil que revelan conversaciones entre José Luis Ábalos y Koldo García sobre la colocación laboral de “la de Gijón”. Estas comunicaciones sugieren un posible abuso de poder, ya que días después de estas conversaciones, el currículum de Montes fue enviado a Isaías Táboas, presidente de Renfe en ese momento, resultando en su rápida contratación como auxiliar administrativa. Sin embargo, existen dudas sobre su asistencia regular al trabajo, según señalamientos de la Unidad Central Operativa (UCO).

Implicaciones Potenciales y Continuidad de la Investigación

Además de Montes, otras figuras están siendo revisadas bajo sospecha de prácticas similares, como Jésica Rodríguez, quien admitió percibir remuneraciones sin desempeñar funciones efectivas. El juez Puente ha ordenado localizar a Montes en su nuevo lugar de residencia para garantizar su testimonio crucial en el caso.

La solicitud de documentación específica a Logirail busca identificar patrones de favoritismo que podrían haber afectado decisiones laborales dentro de empresas públicas relevantes. Esta línea de investigación no solo puede exponer actos de nepotismo o corrupción, sino también comprometer la reputación de otros funcionarios relacionados con el Ministerio de Transportes y sus dependencias. Las próximas etapas de la investigación podrían llevar a nuevas imputaciones y revelaciones que amplíen aún más este complejo panorama legal.