Hace seis años, dos médicos cubanos fueron secuestrados en la región fronteriza de Mandera, Kenia, cerca de Somalia. Este trágico evento dejó un vacío en sus familias y planteó interrogantes sobre las condiciones de seguridad para los profesionales de la salud enviados a áreas peligrosas. Aunque existen informes contradictorios sobre su paradero actual, algunas fuentes afirman que podrían haber perdido la vida en un ataque de drones estadounidenses, mientras otras señalan que podrían seguir retenidos por el grupo extremista Al-Shabab. Además, el caso ha revelado importantes lagunas en los contratos internacionales de personal médico cubano y las compensaciones ofrecidas a sus familias.

En abril de 2019, Assel Herrera Correa y Landy Rodríguez Hernández sufrieron un ataque cuando se dirigían a su lugar de trabajo en Mandera, una zona conocida por ser insegura debido a la presencia de grupos armados como Al-Shabab. Durante este incidente, su escolta perdió la vida tras recibir disparos directos. Según algunos testimonios, ambos galenos fueron trasladados a territorio somalí para proporcionar atención médica a los miembros del grupo yihadista. Sin embargo, las autoridades cubanas no han podido confirmar ni desmentir esta versión oficialmente.

La incertidumbre aumentó cuando, en febrero de 2024, se reportó que ambos médicos habrían muerto en un ataque con drones realizado por el Comando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM). Pese a estas acusaciones, el gobierno cubano insistió en que carecía de evidencias concluyentes y responsabilizó a Washington por no colaborar en la investigación. En mayo de ese mismo año, durante una visita oficial a Kenia, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, declaró que la información disponible seguía siendo escasa y confusa.

Otro aspecto preocupante del caso es la falta de medidas preventivas tomadas antes del secuestro. Los médicos cubanos fueron asignados a regiones altamente conflictivas sin garantizar su protección adecuada. Solo después del incidente, el régimen decidió reubicar a otros profesionales médicos hacia zonas más seguras dentro del país africano. Este retraso evidenció la insuficiencia de protocolos de seguridad en las misiones internacionales lideradas por La Habana.

Por último, el tema de las compensaciones económicas a las familias afectadas sigue siendo motivo de debate. Los contratos firmados entre Cuba y los países receptores de su personal sanitario no son transparentes y omiten detalles cruciales sobre seguros o indemnizaciones. En algunos documentos filtrados, se mencionan únicamente gastos relacionados con funerales y repatriación, pero no se especifica si incluyen un seguro de vida adecuado. Por fortuna, existe una posibilidad legal bajo la Ley de Seguridad Social cubana que permite otorgar pensiones a viudas e hijos menores sin esperar tres años sin noticias, siempre que el fallecimiento ocurra en situaciones de conflicto o calamidad pública.

El destino de estos dos médicos sigue siendo una incógnita, dejando tanto a sus familias como al público en general en una espera angustiosa. Mientras tanto, el caso resalta la necesidad de mejorar las condiciones laborales y de seguridad para los profesionales de la salud desplegados en zonas de alto riesgo, así como garantizar transparencia en los acuerdos internacionales.