Las palabras de Colchado han llevado a nuevas especulaciones sobre la conexión entre los líderes políticos y operativos fallidos que podrían haber favorecido a figuras clave vinculadas a casos de corrupción.
En medio de un escenario político cargado de tensiones, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha emitido un informe final que recomienda una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por supuesta incapacidad moral. Este documento revela dudas fundamentales sobre la gestión gubernamental y plantea la posibilidad de un encubrimiento relacionado con Vladimir Cerrón.
Aunque no se confirmó oficialmente que Cerrón utilizara el vehículo presidencial durante su fuga, las investigaciones sugieren que existió un sistema de protección desde el Palacio de Gobierno. Esta hipótesis encuentra eco en las declaraciones de Colchado, quien menciona contactos específicos dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).
El exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) asegura que fue abordado por un alto funcionario de la DINI para colaborar en la captura de Cerrón. Sin embargo, tras varios intentos fallidos, comenzaron a surgir sospechas sobre fugas de información dentro de las instituciones involucradas.
Estas acusaciones cobran relevancia cuando Colchado menciona que su participación quedó truncada debido a un cambio en la dirección de la DINI después del desastroso operativo en Mikonos. Según él, este episodio marcó un punto de inflexión donde cualquier avance significativo se detuvo abruptamente.
Un elemento central en esta trama es la figura de Roger Arista, exjefe de la DINI, cuya muerte reciente ha dejado sin resolver importantes interrogantes sobre las conexiones internas del gobierno. Colchado insiste en que Arista podría haber proporcionado información vital sobre el supuesto encubrimiento presidencial.
Más allá del caso Cofre, el coronel advierte que existen otros frentes judiciales que podrían complicar aún más la situación de la mandataria una vez concluya su período en el poder. Estas advertencias resaltan la complejidad de las relaciones entre política e inteligencia en Perú.
Como consecuencia de sus declaraciones, Colchado enfrenta ahora una investigación interna por el allanamiento a la residencia de Dina Boluarte. A pesar de estas repercusiones, sigue defendiendo su posición y reitera su disposición a cooperar con el Ministerio Público.
Su postura refleja una lucha mayor por la verdad en un ambiente donde las líneas entre justicia y poder parecen cada vez más difusas. Además, recalca que las grabaciones entregadas al Ministerio Público contienen pruebas irrefutables que respaldan sus afirmaciones contra actores políticos prominentes.
El caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, añade otro capítulo a esta saga judicial. El Ministerio Público sostiene que hubo un intento deliberado de desactivar el equipo especial de la Policía Nacional justo antes de un operativo crucial contra el grupo criminal ‘Los Waykis en la Sombra’.
Esta acción, según Colchado, buscaba proteger intereses personales y familiares, demostrando una vez más cómo la política puede influir en decisiones operativas. Asimismo, subraya que si ciertos recursos legales presentados por la defensa de la presidenta prosperaban, habría resultado en la anulación de evidencias cruciales.