Las autoridades panameñas han elevado la cantidad ofrecida a quien proporcione información crucial sobre un líder sindical acusado de varios delitos financieros. El caso ha generado atención debido a su implicación con actividades ilegales y conexiones con otros miembros destacados del gremio. Erasmo Cerrud Pinzón, funcionario clave en el Suntracs, enfrenta una orden judicial por estafa, blanqueo de dinero y asociación ilícita. Este incremento refleja la urgencia oficial para resolver el caso, que se originó tras denuncias presentadas por excolaboradores de un proyecto en Bocas del Toro.

El pasado mes de mayo, las autoridades judiciales emitieron una orden de detención contra Cerrud Pinzón. En respuesta a la falta de avances significativos, la Policía Nacional decidió duplicar la recompensa inicial, elevándola a 10 mil dólares. La investigación comenzó tras una denuncia formal interpuesta por antiguos trabajadores vinculados a un proyecto constructivo en la isla de Bastimentos. Estos individuos alegaron haber sido víctimas de prácticas fraudulentas relacionadas con el manejo indebido de fondos destinados al sector laboral.

En el contexto de este caso, otras figuras relevantes del sindicato también están bajo escrutinio. Entre ellas destaca Genaro López, exlíder del Suntracs, quien ya se encuentra bajo arresto domiciliario tras entregarse voluntariamente. Por otro lado, Saúl Méndez, otro dirigente sindical, ha buscado refugio diplomático en la Embajada de Bolivia, argumentando persecución política como motivo principal.

La Policía Nacional solicita activamente la cooperación ciudadana para identificar la ubicación actual de Cerrud Pinzón. Quienes posean datos útiles pueden comunicarse a través de los canales oficiales habilitados. Este esfuerzo colectivo busca asegurar que todos los involucrados en este caso complejo rindan cuentas ante la ley.

El aumento de la recompensa subraya la determinación gubernamental de resolver esta situación legal. Las autoridades buscan garantizar que los presuntos responsables de estas acciones sean juzgados conforme a derecho, mientras continúan investigando todas las posibles conexiones dentro del sindicato. Este caso ejemplifica la importancia de la colaboración entre la sociedad civil y las instituciones policiales en la lucha contra la corrupción financiera.