¿Qué Espera San Juan para Garantizar el Derecho a Saber?

El acceso a la información pública no solo es un derecho fundamental, sino también un pilar clave para fortalecer la democracia y promover la rendición de cuentas. Sin embargo, la demora en adherir a la Ley Nacional N°27.275 evidencia una brecha preocupante entre las promesas políticas y su implementación real.

Un Derecho Postergado por Décadas

San Juan ha sido testigo de múltiples promesas relacionadas con la adhesión a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. Desde la gestión del exgobernador Sergio Uñac hasta el actual mandatario Marcelo Orrego, el compromiso verbal ha estado presente, pero sin traducirse en acciones concretas. Esta situación genera incertidumbre sobre si la lentitud en adoptar esta normativa responde simplemente a dificultades administrativas o si existe un interés deliberado en mantener ciertos aspectos ocultos.

La ausencia de una legislación propia en materia de transparencia afecta directamente a ciudadanos y periodistas, quienes encuentran barreras insalvables al intentar obtener datos cruciales sobre contratos estatales, designaciones de personal o uso de fondos públicos. Este vacío legal coloca a la provincia en una posición vulnerable frente a posibles actos de corrupción o malversación de recursos.

El Impacto en la Gestión Periodística

Para profesionales como Carolina Putelli y Francisco Tello, trabajar bajo estas condiciones implica lidiar diariamente con obstáculos que dificultan el ejercicio periodístico. En lugar de depender de sistemas estructurados y accesibles, estos comunicadores deben recurrir a tácticas improvisadas como la insistencia constante o la confianza en declaraciones oficiales que no siempre son verificables. Este escenario limita severamente la capacidad de informar con precisión y profundidad sobre temas relevantes para la sociedad sanjuanina.

Además, la dependencia de funcionarios dispuestos a colaborar crea una relación asimétrica que favorece intereses particulares sobre el interés público. Como resultado, muchas investigaciones quedan truncas debido a la falta de respuestas oportuna y completa, erosionando aún más la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

Precedentes Locales y Futuros Posibles

En medio de este panorama desalentador, algunos municipios han comenzado a explorar alternativas que podrían marcar el inicio de un cambio positivo. Por ejemplo, el intendente Carlos Munisaga de Rawson ha expresado su intención de establecer un portal digital destinado a facilitar el acceso a la información pública local. Aunque todavía en etapas preliminares, esta iniciativa podría servir como modelo para otras jurisdicciones dentro de la provincia.

Sin embargo, para que tales proyectos alcancen su máximo potencial, es necesario contar con un marco regulatorio sólido que defina claramente los procedimientos y responsabilidades involucradas. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en otra promesa incumplida, reforzando la percepción de indiferencia hacia las demandas ciudadanas legítimas.

Desafíos en el Contexto Nacional

Mientras tanto, a nivel federal, el gobierno argentino ha introducido modificaciones preocupantes a través del Decreto 780/2024. Estas alteraciones reducen significativamente el alcance original de la Ley 27.275, excluyendo información sensible relacionada con actividades privadas de funcionarios públicos. Esto contradice principios establecidos por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que destacan la importancia de transparentar cualquier acción que pueda impactar el bienestar colectivo.

Paralelamente, el incremento de hostilidades hacia representantes de los medios de comunicación refleja una tendencia alarmante hacia la censura y represión informativa. Incidentes registrados durante manifestaciones públicas y acusaciones injustificadas contra periodistas ilustran cómo se está erosionando gradualmente el espacio democrático necesario para garantizar un flujo libre y equitativo de información.

Un Ranking Revelador

Según estudios realizados por redes especializadas en periodismo de investigación, San Juan ocupa uno de los últimos lugares en el Índice Nacional de Transparencia. Con apenas un 38.7% de cumplimiento, comparte ese ranking junto con provincias igualmente deficitarias en cuanto a disponibilidad de datos oficiales. Este bajo puntaje subraya la urgencia de adoptar medidas concretas que reviertan esta tendencia negativa.

Una de las áreas más críticas identificadas por dichos análisis es la falta de publicación presupuestaria accesible e inteligible para todos los ciudadanos. Al omitir este paso básico, las autoridades locales perpetúan un sistema opaco que alimenta sospechas infundadas y obstaculiza cualquier esfuerzo genuino por mejorar la gobernanza.