Un reciente proyecto de ley que busca redefinir el marco legal de la inteligencia en Ecuador ha generado amplio debate. Este documento, próximo a su aprobación por parte de la Asamblea Nacional, establece nuevas disposiciones sobre cómo se debe gestionar y compartir información sensible dentro del Sistema Nacional de Inteligencia (SNI). Aunque algunos argumentan que estas medidas fortalecerán la lucha contra el crimen organizado, otros expertos denuncian posibles abusos de poder y violaciones a derechos fundamentales.
El contexto histórico de este proyecto es relevante. Originalmente presentado en 2018, ha pasado por múltiples revisiones antes de alcanzar su estado actual. Uno de los aspectos más polémicos reside en la obligatoriedad de las personas naturales o jurídicas para proporcionar información sin excepciones ni oposiciones, según lo estipulado en uno de sus artículos clave. Además, se permite la obtención de datos históricos y en tiempo real de comunicaciones telefónicas sin necesidad de autorización judicial previa.
La experta en seguridad Lorena Piedra critica esta iniciativa al considerar que debilita mecanismos democráticos de control y podría derivar en vulneraciones de derechos individuales. Enfatiza que cualquier solicitud de información debería pasar por un filtro judicial para garantizar transparencia y evitar arbitrariedades.
Otro punto destacado es la falta de regulaciones claras respecto a la afiliación partidista dentro del SNI, lo que genera temores sobre repeticiones de prácticas clientelares vistas en administraciones anteriores. Adicionalmente, la ausencia de auditorías externas e independientes añade preocupación sobre la rendición de cuentas efectiva.
Desde una perspectiva contraria, la asambleísta Inés Alarcón defiende el proyecto asegurando que no promueve vigilancia masiva ni infringe principios constitucionales. Argumenta que existen controles institucionales adecuados y que el objetivo primordial es combatir amenazas criminales mediante una coordinación más eficiente entre distintas agencias gubernamentales.
Finalmente, tras completarse el segundo debate legislativo, el proyecto regresará a la Comisión de Seguridad Integral para incorporar ajustes sugeridos antes de su votación final. Si es aprobada, seguirá hacia el Ejecutivo y, potencialmente, ante la Corte Constitucional si se presentan demandas ciudadanas que cuestionen su constitucionalidad.
Este proceso legislativo refleja tensiones inherentes entre fortalecer capacidades de seguridad nacional y proteger libertades civiles. Su resultado determinará hasta qué punto Ecuador puede equilibrar estos intereses enfrentados en un entorno marcado por crecientes desafíos criminales.