La discusión en torno a la legislación de amnistía ha alcanzado su etapa final dentro del Tribunal Constitucional. Se anticipa que el jueves se llevará a cabo la votación de la propuesta redactada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán. Este documento, que avala la mayor parte de la normativa, está diseñado para fomentar la estabilidad institucional, política y social en la región de Cataluña.
El pleno del Tribunal Constitucional, compuesto mayoritariamente por miembros de orientación progresista, ha desestimado las acusaciones de arbitrariedad formuladas contra la ley. Esta legislación, impulsada por el PSOE y que resultó fundamental para la investidura del presidente Pedro Sánchez, ha sido objeto de intensos análisis y deliberaciones, concluyendo la mayoría que su propósito político no entra en el ámbito de la revisión de constitucionalidad por parte del tribunal.
El proyecto de resolución subraya una distinción fundamental entre los motivos políticos que llevaron a la creación de una ley y su validez constitucional intrínseca. Se argumenta que las negociaciones y razones políticas detrás de su promulgación no deben ser confundidas con la naturaleza y el contenido de la norma en sí. Esta perspectiva permite al tribunal centrarse únicamente en la conformidad de la ley con la Carta Magna, dejando a un lado las consideraciones políticas.
A lo largo de las sesiones de deliberación, se ha puesto de manifiesto la profunda divergencia entre los bloques progresista y conservador del Tribunal Constitucional. Los miembros de la minoría, conformada por los magistrados Enrique Arnaldo, César Tolosa, Ricardo Enríquez y Concepción Espejel, han anunciado su intención de emitir votos particulares, expresando su desacuerdo con la sentencia mayoritaria. Esta división subraya la complejidad y la sensibilidad del asunto tratado.