La Audiencia Provincial de Madrid ha sostenido la imputación de la colaboradora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, en el caso que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios vinculados a la esposa del presidente del Gobierno. A pesar de las observaciones sobre la forma de proceder del juez instructor, Juan Carlos Peinado, la sala ha determinado que la evidencia existente es suficiente para mantener la condición de investigada de Álvarez. La resolución enfatiza la existencia de “numerosos elementos objetivos que respaldan la determinación del magistrado”, invalidando su testimonio previo como testigo, dado que, a juicio del tribunal, debió haber sido interrogada como imputada desde el inicio. Esta decisión se alinea con fallos anteriores en el 'caso Begoña', que, aunque han corregido aspectos procesales, han validado el fondo de la pesquisa.

El tribunal ha señalado diversas actuaciones de Álvarez que podrían vincularla con los delitos bajo investigación. Entre estas se incluyen su acompañamiento a Begoña Gómez en encuentros universitarios y su papel como receptora de correos electrónicos relevantes para la causa. Se menciona, por ejemplo, un mensaje en el que Álvarez supuestamente instó a una compañía aseguradora, patrocinadora de la cátedra dirigida por Gómez, a reconsiderar su decisión de retirar el apoyo económico, lo que los jueces interpretan como una acción que “claramente excede sus atribuciones”. Los indicios apuntan a una posible relación con las empresas del Grupo Barrabés, las cuales, presuntamente, habrían sido utilizadas por la principal investigada, lo que sugiere un desvío de recursos públicos para beneficiar intereses particulares. Además, la relación personal y la designación de Álvarez como persona de máxima confianza para actividades privadas de Gómez son consideradas un “elemento fáctico de máxima trascendencia” para corroborar su presunta complicidad con el plan delictivo, utilizando una estructura de poder institucionalizada para influir.

La justicia persigue la verdad de los hechos y la responsabilidad individual, sin importar las relaciones o el estatus. Cada paso en una investigación legal, aunque complejo, busca fortalecer la confianza en el sistema judicial y asegurar que nadie está por encima de la ley. La perseverancia en la búsqueda de la equidad es fundamental para construir una sociedad más transparente y justa, donde los actos sean examinados con rigurosidad y se promueva la integridad en todos los niveles.