En una reciente decisión judicial, el Tribunal Supremo ha respaldado la solicitud de información realizada por la senadora del Partido Popular, Eva Ortiz. Este fallo obliga al Gobierno a proporcionar en un plazo de 30 días los documentos requeridos sobre informes emitidos por Hacienda. La senadora había solicitado previamente copias integrales de estos informes, pero el Ejecutivo argumentó que la cantidad de datos hacía imposible atender tal demanda. El tribunal concluyó que ni la amplitud de la petición ni el volumen de la información justifican su negativa.

Además, se rechazó la afirmación gubernamental de que la senadora debía especificar circunstancias adicionales o intereses públicos superiores para obtener dicha información. Según el fallo, el derecho fundamental a participar en asuntos públicos garantiza este acceso sin necesidad de justificaciones adicionales.

El Conflicto entre Transparencia y Carga Documental

La disputa legal comenzó cuando la senadora solicitó informes legales relacionados con Hacienda durante un período específico. Su petición inicial fue denegada debido a la magnitud de la documentación involucrada, lo cual generó un debate sobre los límites del acceso a la información pública. A pesar de las explicaciones del Gobierno sobre la complejidad técnica de proveer tales documentos, el Tribunal Supremo consideró insuficientes estas razones.

Ortiz presentó su solicitud formalmente en febrero de 2024, abarcando miles de informes legales emitidos durante los últimos meses del año anterior. Ante la negativa inicial del Ejecutivo, quien alegó que no era viable entregar todos los documentos debido a su número excesivo, recurrió al Tribunal Supremo. Este órgano judicial determinó que la escala de la petición no constituye un obstáculo válido para impedir el acceso a la información requerida. Además, destacó que cualquier limitación debe estar fundamentada técnicamente de manera clara y precisa.

Garantizando Derechos Fundamentales en Materia Política

El Tribunal también abordó el aspecto jurídico de la participación política, desestimando la exigencia de justificar intereses públicos adicionales. Esta decisión refuerza el derecho de los legisladores a acceder libremente a información gubernamental relevante. Se estableció que este derecho es inherente a su función representativa y no requiere mayores justificaciones.

El fallo explica que el acceso a la información pública forma parte integral de los derechos fundamentales de los parlamentarios. Al rechazar las objeciones planteadas por la Fiscalía, el Tribunal subrayó que el interés público ya está implícito en la naturaleza misma de la solicitud. Esto significa que cualquier intento de restringir dicho acceso debe cumplir con criterios técnicos sólidos y transparentes. Por tanto, el Gobierno deberá ajustarse a esta sentencia y proporcionar la información requerida dentro del plazo estipulado, marcando así un precedente importante en materia de transparencia institucional.