Un grupo de activistas, liderados por Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza, enfrenta incertidumbre tras la transición de la investigación sobre el caso Teuchitlán a manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Este caso ha generado tensiones significativas entre las autoridades locales y federales. Las familias afectadas se encuentran sin información clara ni acceso al proceso legal, destacando una lucha constante por sus derechos como observadores garantizados por la ley.

El Silencio Oficial y la Persistencia de los Buscadores

En un contexto marcado por la falta de comunicación oficial, las familias involucradas en el caso Teuchitlán enfrentan dificultades para obtener respuestas concretas sobre el estatus de la investigación. En un entorno donde las tensiones han escalado debido a la transferencia del caso a nivel federal, la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía del Estado han dejado de participar activamente en las acciones relacionadas con el Rancho Izaguirre.

En medio de este vacío informativo, Héctor Flores ha reiterado la necesidad de que las autoridades proporcionen claridad y avancen en el proceso. Según declaraciones recientes, tanto la Comisión Local de Búsqueda como la Fiscalía de Desaparecidos del estado han manifestado que el caso ahora está bajo jurisdicción federal. Sin embargo, acceder a estas instituciones federales resulta extremadamente complicado, dado que no se ha emitido ningún comunicado formal dirigido a los colectivos de búsqueda.

Esta situación ha llevado a los familiares y colectivos a mantenerse firmes en su esperanza, a pesar de las declaraciones contradictorias desde el gobierno federal. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha negado que el lugar sea un campo de exterminio, aunque reconoce actos de violencia graves ocurridos allí.

Desde una perspectiva periodística, esta historia refleja cómo la falta de coordinación entre autoridades puede profundizar la frustración de quienes buscan justicia. Es crucial que tanto las instancias federales como locales garanticen transparencia y apoyo a las familias afectadas, reconociendo la importancia de su papel como observadores en procesos tan delicados. La perseverancia de estos colectivos sirve como recordatorio de la fuerza que surge de la unidad frente a la adversidad.