En un giro sorprendente de los acontecimientos relacionados con el caso del exfuncionario Genaro García Luna, se revela una serie de eventos ocurridos durante la administración de Felipe Calderón. Según el general retirado Tomás Ángeles Dauahare, quien fungió como subsecretario de Defensa Nacional en ese entonces, existieron dos oportunidades claras en las que advirtió al presidente sobre las presuntas conexiones de García Luna con el crimen organizado. Sin embargo, estas advertencias no parecen haber tenido efecto alguno, lo que genera dudas sobre la verdadera comprensión o respuesta del gobierno ante esta situación.
En medio de una era marcada por la lucha contra el crimen organizado, en mayo de 2007, el general Ángeles fue llamado a Los Pinos para una conversación privada con Felipe Calderón. En este encuentro, el militar le expresó abiertamente sus sospechas sobre García Luna, asegurando que este último mantenía vínculos con el narcotráfico. La conversación duró cerca de 40 minutos, pero incluso después de abandonar la residencia oficial, el general fue invitado nuevamente para profundizar en su análisis.
El segundo encuentro tuvo lugar en el despacho del presidente, donde el general reiteró su preocupación, señalando deficiencias en la estrategia gubernamental contra el crimen. Aunque Calderón pidió documentación que respaldara dichas acusaciones, nunca hubo una acción contundente ni pública contra García Luna. Para obtener pruebas, el general recurrió a un exmiembro de la Policía Judicial Federal, cuya información confirmó las actividades ilícitas del secretario de Seguridad Pública.
La fuente principal de estas denuncias provino de oficiales seleccionados por la CIA, quienes formaban parte del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (CIAN), creado durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Estos informantes proporcionaron detalles específicos sobre las relaciones entre García Luna y varios líderes del crimen organizado, incluidos figuras tan notorias como Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Finalmente, el informe recopilado por el general fue entregado indirectamente al presidente a través de Juan Camilo Mouriño, aunque nunca se confirmó si realmente llegó a manos de Calderón. Esta falta de claridad alimenta aún más las especulaciones sobre el nivel de conocimiento y responsabilidad del expresidente respecto a las acciones de su excolaborador.
Desde su retiro, el general Ángeles sostiene que tanto él como el Ejército estaban al tanto de estos hechos, pero las intrigas políticas evitaron cualquier avance significativo en la investigación.
Este caso plantea preguntas fundamentales sobre la transparencia y responsabilidad dentro de las más altas esferas del poder político. Como periodista, uno no puede evitar reflexionar sobre cómo decisiones clave pueden quedar ocultas tras paredes de silencio y burocracia. La historia nos enseña que la verdad, aunque difícil de desentrañar, siempre encuentra su camino hacia la luz pública. Es imperativo que nuestros líderes actúen con integridad y diligencia, especialmente cuando se enfrentan a amenazas tan graves como el crimen organizado.