En un fallo sin precedentes, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia Católica revelar información sobre los casos de abuso sexual cometidos en el país. Hasta ahora, esta información había permanecido protegida bajo el secreto pontificio. La decisión fue tomada tras resolver más de 50 tutelas acumuladas que exigían acceso a estos datos, solicitados principalmente por periodistas interesados en investigaciones relacionadas con violencia sexual contra menores. Este caso histórico marca una victoria para quienes buscan transparencia y justicia.

Un Largo Camino hacia la Transparencia

En un contexto marcado por años de silencio y protección clerical, la Corte Constitucional colombiana ha decidido abrir las puertas al acceso público de información sensible. En un fallo emitido recientemente, se determinó que no toda la información administrada por instituciones religiosas debe considerarse reservada, especialmente cuando involucra delitos graves como el abuso sexual infantil. Entre los demandantes destacan los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes desde hace siete años han estado luchando por obtener información completa sobre los clérigos acusados de pederastia.

El caso cobró relevancia cuando el comunicador Barrientos solicitó a la Arquidiócesis de Medellín la desclasificación de archivos conteniendo nombres de sacerdotes denunciados o investigados. Tras recibir negativas basadas en el secreto pontificio, el proceso judicial escaló hasta llegar a instancias superiores. El tribunal finalmente estableció que el funcionamiento interno de estas organizaciones no puede ser utilizado como excusa para restringir derechos fundamentales como el acceso a la información.

Además, este caso trajo a colación otros escándalos similares, como el del sacerdote jesuita Francisco de Roux, quien reconoció haber encubierto un caso de abuso sexual en la década de los 70. También se menciona la suspensión provisional de más de 10 sacerdotes por parte de la Arquidiócesis de Villavicencio debido a denuncias de abuso sexual.

Desde una perspectiva periodística, este fallo representa un avance significativo hacia la rendición de cuentas en instituciones tradicionalmente opacas. Revela la importancia de garantizar que incluso aquellas organizaciones que invocan principios espirituales sean sometidas a escrutinio ético y legal. Este paso demuestra que la búsqueda de verdad y justicia no debe detenerse ante barreras formales, sino que debe estar siempre guiada por el bienestar colectivo y el respeto a los derechos humanos básicos.