El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta una investigación judicial tras acusaciones de revelar información confidencial. El magistrado Ángel Hurtado, del Tribunal Supremo, lidera el caso y ha obtenido datos cruciales desde proveedores tecnológicos internacionales como WhatsApp y Google. La pesquisa se desencadenó tras una denuncia presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este último alegó que ciertos correos electrónicos enviados al ministerio público fueron filtrados indebidamente. Las investigaciones se centraron en un período específico de marzo de 2024, durante el cual supuestamente ocurrió la fuga de información. El siguiente paso clave involucra un análisis técnico por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con resultados esperados cada cinco días.
Nuevos Avances en la Investigación Judicial contra el Fiscal General
En una atmósfera jurídica intensa, la sede judicial de Ferrol presenció recientemente el nombramiento del nuevo fiscal jefe de área para las regiones de Ferrol y Ortigueira, un evento que tuvo lugar en septiembre de 2024. Durante este periodo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue objeto de una investigación judicial iniciada por el magistrado Ángel Hurtado del Tribunal Supremo. Los detalles emergieron después de una denuncia formal presentada por Alberto González Amador, quien señaló que ciertas comunicaciones relacionadas con asuntos fiscales habían sido divulgadas sin autorización.
Las indagaciones llevaron al magistrado Hurtado a emitir comisiones rogatorias hacia empresas tecnológicas internacionales como Meta Platforms Ireland Limited, responsable de WhatsApp, y Google. Estas solicitudes, dirigidas tanto a Irlanda como a Estados Unidos, buscaban recuperar registros de comunicación entre los dispositivos móviles del fiscal general durante un breve lapso en marzo de 2024. En abril de 2025, llegó finalmente la respuesta oficial desde Estados Unidos, entregando documentación técnica en formato digital y acompañada de traducciones necesarias.
La investigación ahora está en manos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, encargada de analizar exhaustivamente la información obtenida. Este análisis pericial debe informarse periódicamente al magistrado Hurtado y se mantiene bajo secreto de sumario por un mes.
Desde una perspectiva periodística, este caso subraya la importancia de proteger la confidencialidad en las comunicaciones oficiales y reafirma el compromiso del sistema judicial español con la transparencia y la justicia. Además, resalta la creciente relevancia de colaboraciones internacionales en casos de alta tecnología, destacando cómo las fronteras digitales han transformado la manera en que se gestionan y resuelven disputas legales contemporáneas.