Un caso de posible estafa relacionada con una criptomoneda ha llevado al fiscal Eduardo Taiano a adoptar nuevas estrategias investigativas. El foco está en las comunicaciones entre los involucrados en el lanzamiento de $LIBRA, un activo digital que experimentó fluctuaciones extremas tras su presentación por el presidente Javier Milei en redes sociales. Estas acciones dejaron un rastro de perjudicados. Las medidas incluyen solicitudes a compañías telefónicas para identificar líneas asociadas a figuras claves, como familiares del presidente y otros actores vinculados al evento.

El escrutinio judicial se intensificó cuando surgió información sobre reuniones entre Milei y Julian Peh, CEO de KIP Protocol, así como contactos con Hayden Mark Davis, supuesto creador del activo digital. La investigación también revela patrones sospechosos, como la vaciación de una caja de seguridad días después del anuncio presidencial. Este hecho conecta a Mauricio Gaspar Novelli, socio de Tech Forum, empresa organizadora del evento donde Milei destacó como orador principal.

Otras figuras bajo revisión incluyen Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, quienes participaron en la organización del evento crypto de 2024. Además, la defensa de Novelli enfrenta desafíos legales significativos luego de que la Cámara de Casación rechazara su intento por descalificar querellantes representados por Juan Grabois.

La fiscalía profundiza en detalles geográficos y temporales clave, buscando conexiones entre los números telefónicos utilizados por los implicados. Esto incluye análisis cruzados de llamadas y mensajes que podrían evidenciar coordinación previa o posterior al lanzamiento del proyecto. También se evalúan posibles vínculos entre los principales actores y movimientos financieros atípicos.

En paralelo, persisten dudas sobre la verdadera identidad de algunos empresarios del sector crypto, como Julian Peh, cuya falta de registros migratorios levanta sospechas. Su participación en reuniones con autoridades gubernamentales agrega complejidad al caso, especialmente considerando el contexto político y financiero en juego.

Este caso destaca la necesidad de mayor transparencia en operaciones digitales y subraya cómo las tecnologías emergentes pueden ser utilizadas en contextos potencialmente fraudulentos. La resolución judicial podría marcar un precedente importante en la regulación de criptomonedas en el país. Los próximos pasos dependerán de los hallazgos derivados de las investigaciones técnicas y forenses en curso.