El caso del fiscal general del Estado ha avanzado significativamente tras recibir el juez del Tribunal Supremo información clave relacionada con mensajes eliminados. A través de una solicitud realizada a Irlanda, se obtuvieron datos de WhatsApp y Google que podrían esclarecer los movimientos realizados por Álvaro García Ortiz en un período crucial de investigación. El magistrado Ángel Hurtado ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) analizar dichos documentos y presentar informes periódicos sobre cualquier avance relevante. Este proceso incluye la apertura de una pieza separada bajo secreto de sumario durante un mes.

La importancia de este caso radica en las sospechas de filtraciones de información confidencial relacionadas con Isabel Díaz Ayuso. Desde el inicio de la investigación, Hurtado ha considerado indispensable revisar los intercambios electrónicos de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Entre esos días, el fiscal habría solicitado correos vinculados a una investigación penal, lo que podría haber comprometido derechos legales fundamentales.

Uno de los puntos más relevantes surgió cuando se reveló que García Ortiz había eliminado ciertos mensajes justo el día en que fue imputado. Esto complicó aún más la situación, ya que inicialmente no se encontraron registros en su teléfono móvil. Sin embargo, la cooperación internacional permitió recuperar algunos datos cruciales.

El escrutinio forense de los dispositivos electrónicos del fiscal y de la fiscal jefa provincial de Madrid también arrojó luces importantes. Por ejemplo, se descubrió que García Ortiz mostraba especial interés en obtener correos relacionados con una persona investigada por fraude fiscal. Uno de esos correos reconocía abiertamente la comisión de delitos, lo que lo convirtió en el epicentro de la pesquisa judicial.

Ahora que la documentación solicitada ha sido entregada al tribunal, queda pendiente un análisis técnico exhaustivo para determinar su relevancia. Este paso será vital para establecer si hubo intencionalidad en la eliminación de mensajes o si existen pruebas adicionales que respalden las acusaciones en contra del fiscal general.

Con la llegada de estos nuevos elementos probatorios, el caso entra en una fase decisiva. La evaluación pericial encargada a la UCO marcará el rumbo de la investigación, mientras que el secreto de sumario garantiza que los detalles sensibles permanezcan protegidos. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si hay suficientes indicios que justifiquen mantener las imputaciones actuales o ampliarlas según los hallazgos técnicos.