En un reciente informe, la Procuraduría General de la Nación reveló serias violaciones a los límites de gastos establecidos por el Consejo Nacional Electoral durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Estas irregularidades incluyen sobrepasar los topes permitidos, ocultar información financiera y omitir detalles cruciales sobre préstamos y contrataciones.

Detalles Reveladores de las Irregularidades

En medio de un proceso electoral marcado por estrictas normativas financieras, la investigación desveló que en la primera vuelta, los gastos totales ascendieron a aproximadamente $28.690 millones, superando el tope de $28.536 millones debido a una factura no reportada por $356.102.872. Este descubrimiento llevó a responsabilizar al exgerente de campaña Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol, así como a otros miembros clave del equipo financiero.

Uno de los episodios más notorios ocurrió el 19 de junio de 2022, durante un evento en el Movistar Arena. Aunque se declararon $150 millones, el costo real fue de $250 millones, con una parte significativa cubierta por la empresa ServiRed SAS sin incluirse en los registros oficiales. En la segunda vuelta, aunque oficialmente no se superaron los límites, se identificaron costos reales de $13.299 millones.

Otras omisiones destacadas incluyen la no divulgación de un préstamo del Partido Polo Democrático y pagos realizados por organizaciones externas como USO y Fecode, cuyos fondos no fueron debidamente registrados ni controlados.

Desde una perspectiva periodística, este caso refleja la importancia de la transparencia en las finanzas electorales para preservar la confianza pública en las instituciones democráticas. La propuesta de sanciones económicas y la exigencia de devolución de fondos públicos subrayan la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas en futuros procesos electorales, garantizando así un sistema más justo y equitativo.