En 2024, Argentina enfrentó la peor epidemia de dengue registrada en su historia, con más de 400 fallecidos según el Ministerio de Salud. A pesar de la magnitud del problema, una investigación reveló serias deficiencias en la transparencia de las compras públicas relacionadas con este brote. Las provincias y la Nación mostraron grandes disparidades en los precios pagados por insumos esenciales como vacunas, test diagnósticos y repelentes, sin justificación clara. Además, muchas jurisdicciones no respondieron a solicitudes formales de información sobre estos gastos.

El contexto sanitario exigió medidas urgentes, pero también evidenció problemas estructurales. Según Germán Emanuele, experto en gobernanza, la compra directa fue la modalidad predominante en la mayoría de los distritos, aunque debería ser excepcional. Esto generó diferencias significativas entre lo invertido por cada provincia para adquirir productos idénticos. Por ejemplo, mientras Tucumán pagó $25.528 por unidad de la vacuna Qdenga, Corrientes desembolsó $39.085, un 53% más caro, sin explicación aparente.

Además, ciertas jurisdicciones destacaron por su opacidad extrema. En Buenos Aires, pese al anuncio oficial de compra de medio millón de vacunas por parte del gobernador Axel Kicillof, no existe documentación pública que respalde esta inversión multimillonaria. Similar situación ocurre con la Nación, cuyas contrataciones directas con laboratorios internacionales carecen de detalles accesibles.

Las disparidades se extienden a otros insumos. Los test rápidos de diagnóstico presentan variaciones inexplicables: mientras Mendoza pagó $3.540 por unidad, la Nación llegó hasta $10.787, casi tres veces más. Este panorama refleja la falta de coordinación entre niveles gubernamentales y la debilidad en las políticas de transparencia.

Sin embargo, algunas provincias ofrecieron mayor claridad. Entre Ríos y Santa Fe destacaron por responder oportunamente a las solicitudes de información, aunque aún quedan interrogantes sobre la efectividad de sus estrategias de adquisición. La experta Silvia González Ayala subraya la necesidad de una planificación centralizada que garantice equidad y eficiencia en el acceso a recursos vitales durante emergencias sanitarias.

Este caso expone la urgente necesidad de mejorar los estándares de transparencia en la gestión pública, especialmente en situaciones críticas donde la salud de millones está en juego. La falta de coordinación y la opacidad no solo incrementan costos innecesarios, sino que comprometen la capacidad de respuesta frente a crisis sanitarias. La lección de 2024 debe servir como llamado a establecer mecanismos más robustos de rendición de cuentas en todas las jurisdicciones.