La recurrente deriva hacia regímenes autoritarios en América Latina, que buscan la permanencia ilimitada en el poder, es un fenómeno de profunda preocupación. Históricamente, la región ha sido testigo de numerosos golpes de Estado y gobiernos militares que han suprimido libertades, y esta tendencia parece resurgir con fuerza en la actualidad. Las manipulaciones constitucionales, la supresión de la alternancia democrática y el establecimiento de liderazgos personalistas amenazan la estabilidad institucional. Este patrón se manifiesta en diversas naciones, planteando serios desafíos para la consolidación de sistemas políticos basados en el respeto a las leyes y la voluntad popular. La consolidación de la seguridad ciudadana se utiliza a menudo como pretexto para justificar medidas que socavan el Estado de Derecho, encontrando un eco en parte de la población hastiada por la inseguridad y la corrupción.

El caso de Nayib Bukele en El Salvador ilustra esta inquietante tendencia. Tras su llegada al poder con la promesa de combatir la criminalidad, su administración ha avanzado hacia una concentración de poder que recuerda a episodios previos en la región. Recientemente, su partido, con una mayoría legislativa, impulsó cambios constitucionales que abren la puerta a una reelección presidencial sin límites y extienden el periodo de mandato, además de eliminar la segunda vuelta electoral. Estas acciones, justificadas por el éxito en la reducción de la violencia y la delincuencia –un logro ampliamente aplaudido por la ciudadanía salvadoreña–, han sido objeto de críticas por parte de organizaciones internacionales de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de un debilitamiento democrático. La eficacia en la lucha contra el crimen ha encontrado un respaldo popular significativo, a pesar de las preocupaciones sobre los métodos empleados, como los encarcelamientos masivos y la opacidad en el sistema judicial. Esta situación refleja una paradoja en la que la búsqueda de seguridad se contrapone a los principios fundamentales de un gobierno democrático.

Este patrón de consolidación autoritaria no es exclusivo de El Salvador y se inscribe en una tradición latinoamericana de caudillismos. Países como Venezuela y Nicaragua ofrecen ejemplos paradigmáticos. En Venezuela, la llegada de Hugo Chávez en 1999 marcó el inicio de una \"revolución bolivariana\" que, a través de la modificación de la constitución, permitió la reelección indefinida, perpetuando al chavismo en el poder incluso después de su fallecimiento, bajo la dirección de Nicolás Maduro y mediante cuestionados procesos electorales. En Nicaragua, Daniel Ortega, tras un periodo fuera del poder, regresó en 2007 y consolidó su control, asegurando también la reelección indefinida y estableciendo una suerte de dinastía política con su esposa, Rosario Murillo. Estos modelos, inspirados en gran medida por la influencia cubana, han encontrado adeptos en otros líderes de izquierda como Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador, quienes también buscaron la permanencia en el poder.

Sin embargo, la ambición de perpetuarse en el gobierno no se limita a la izquierda radical. Ejemplos en Colombia y Brasil demuestran que esta inclinación trasciende ideologías. En 2010, el expresidente colombiano Álvaro Uribe intentó modificar la constitución para un tercer mandato consecutivo, pero la iniciativa fue rechazada por el Tribunal Constitucional. Más recientemente, en Brasil, Jair Bolsonaro enfrenta investigaciones por presuntas maniobras para impedir el traspaso pacífico de poder en 2022. La persistencia de estas tentativas autoritarias en un continente con un pasado de inestabilidad política y militar subraya la fragilidad de las instituciones democráticas. La preocupación radica en la posibilidad de que potencias extranjeras, priorizando alianzas estratégicas sobre el respeto a la democracia, puedan ignorar o incluso respaldar estos giros autoritarios, lo que podría sentar un peligroso precedente y reforzar la idea de que no existen dictadores de menor escala, sino un espectro continuo de poder ilegítimo del que es imperativo despojarse.