Un cambio significativo se avecina en el panorama de la transparencia gubernamental en México, con la introducción de una nueva legislación que redefine los roles y responsabilidades de las autoridades encargadas del acceso a la información pública. Este marco legal reemplaza al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) con una estructura renovada, centrada en "Transparencia para el Pueblo". Este organismo federal será responsable de supervisar las quejas relacionadas con el acceso a la información federal, mientras que los estados y municipios delegarán dichas funciones a sus contralorías internas o entes equivalentes.
Con la eliminación del Inai, diversas instituciones asumen nuevas atribuciones. Por ejemplo, "Transparencia para el Pueblo" supervisará quejas sobre datos personales y solicitudes de información provenientes de organismos federales como secretarías y empresas paraestatales. Paralelamente, contralorías locales serán las principales garantes del cumplimiento normativo en sus respectivas jurisdicciones. Además, órganos clave como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Instituto Nacional Electoral contarán con la facultad de resolver recursos relacionados con el acceso a la información y protección de datos.
El nuevo sistema contempla mecanismos adicionales para garantizar la transparencia nacional. Autoridades competentes podrán remitir casos relevantes a la Secretaría Anticorrupción cuando sea necesario resolver disputas de alcance nacional. También destaca la creación del Consejo Nacional de Transparencia, un órgano integrado por diversos actores clave del gobierno federal, cuya misión es promover políticas efectivas en materia de acceso a la información y protección de datos. Este consejo sesionará cada seis meses, brindando espacio para el debate y toma de decisiones estratégicas.
En cuanto a la justicia especializada, la reforma obliga al Poder Judicial a establecer tribunales y juzgados dedicados específicamente al acceso a la información dentro de los próximos cuatro meses. Estos foros actuarán como instancias de impugnación mediante juicios de amparo cuando las respuestas oficiales no sean satisfactorias. Asimismo, en temas sensibles como la seguridad nacional, los ministros de la Suprema Corte tendrán la potestad de divulgar información reservada si lo consideran apropiado.
Este rediseño institucional busca fortalecer el acceso a la información pública mediante una estructura más descentralizada y participativa. Con la implementación de estas medidas, se espera mejorar la gobernanza y rendición de cuentas en todos los niveles del gobierno mexicano, fomentando una cultura de transparencia más inclusiva y eficiente.