En un esfuerzo por mejorar la eficacia gubernamental y reducir gastos innecesarios, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, ha propuesto al congreso local la eliminación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI). Esta iniciativa se basa en la existencia de otras entidades que ya desempeñan funciones similares, como el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y la Contraloría General del Estado. Con esta medida, Nahle García busca optimizar recursos públicos y redirigirlos hacia infraestructura crítica, como carreteras, escuelas y hospitales.

Detalles de la Propuesta Gubernamental

En un contexto marcado por la necesidad de racionalizar los costos administrativos, la gobernadora de Veracruz presentó una iniciativa legislativa destinada a disolver el IVAI. Según explicó, la entidad cuenta actualmente con múltiples mecanismos de fiscalización y control interno, lo que hace innecesario mantener una institución separada dedicada exclusivamente al acceso a la información pública. El IVAI fue creado hace 18 años durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, quien hoy enfrenta cargos penales.

La propuesta de Nahle García apunta a integrar las funciones del IVAI dentro de las contralorías locales, siguiendo un modelo similar al adoptado recientemente a nivel federal. Este cambio permitiría eliminar duplicidades y ahorrar fondos significativos, según la gobernadora. La justificación central es que estos recursos podrían ser mejor utilizados en proyectos de desarrollo e infraestructura que beneficien directamente a la población.

Este movimiento ocurre mientras Veracruz trabaja en fortalecer sus sistemas internos de transparencia y rendición de cuentas. La gobernadora destacó que, aunque el IVAI dejará de existir como entidad independiente, su misión seguirá siendo cumplida por otros organismos supervisores.

Desde una perspectiva periodística, esta decisión plantea preguntas importantes sobre cómo equilibrar la eficiencia administrativa con la garantía de derechos fundamentales, como el acceso a la información. Si bien la propuesta parece razonable desde un punto de vista económico, también genera preocupaciones sobre posibles retrocesos en términos de transparencia gubernamental. Es crucial que cualquier reorganización preserve no solo los principios éticos sino también los compromisos democráticos hacia una sociedad informada.