Un debate sobre el equilibrio entre la protección de datos personales y las necesidades fiscales de los municipios ha generado polémica en Paraguay. El proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Centurión busca modificar el artículo 15 de la Ley N° 6534/20, que regula el uso de información crediticia. Según sus críticos, como el diputado Rodrigo Gamarra, esta iniciativa tiene un trasfondo político pre-electoral y podría obstaculizar las estrategias de recaudación del Municipio de Asunción. Aunque argumenta proteger la privacidad de los ciudadanos, algunos lo ven como una medida populista diseñada para debilitar al intendente Oscar "Nenecho" Rodríguez.

El contexto político detrás de este proyecto es crucial para entender su propósito. En medio de las próximas elecciones municipales de 2026, la propuesta ha sido calificada como una estrategia para afectar la imagen del jefe comunal de Asunción, quien utiliza sistemas de notificación a entidades financieras para identificar contribuyentes morosos. Este mecanismo permite aumentar las recaudaciones municipales mediante el control efectivo del cumplimiento fiscal. Sin embargo, el proyecto pretende prohibir dicha práctica, bajo el argumento de que vulnera derechos fundamentales.

Desde otra perspectiva, el diputado Centurión sostiene que la difusión masiva de listados con nombres de personas con deudas fiscales puede generar estigmatización social y limitar el acceso al crédito formal. Según él, estas prácticas podrían llevar a la exclusión financiera de vastos sectores de la población, especialmente en distritos donde la mayoría de los habitantes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias. Además, señala que la divulgación pública de estos datos podría violar principios básicos de protección de la privacidad personal.

La bancada de Honor Colorado ya se ha pronunciado en contra del proyecto, anticipando su probable rechazo durante la sesión ordinaria prevista para el martes 6 de mayo. Para Gamarra, esto no es más que una maniobra electoral destinada a desacreditar políticamente al intendente Rodríguez, cuya gestión ha sido reconocida por su eficiencia en materia de recaudación. Si bien la iniciativa parece tener buenas intenciones en términos de derechos humanos, muchos consideran que oculta intereses partidarios más profundos.

A pesar de las buenas intenciones declaradas por sus promotores, el proyecto enfrenta resistencia significativa debido a su posible impacto negativo en las finanzas municipales. Mientras algunos destacan la importancia de proteger la privacidad de los ciudadanos, otros advierten que este tipo de medidas podría socavar la capacidad de las municipalidades para garantizar servicios básicos mediante una gestión fiscal adecuada. Finalmente, será el Congreso quien decida si prioriza la defensa de los derechos individuales o respalda estrategias que fortalezcan las arcas públicas locales.