En una decisión significativa, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó recientemente una propuesta legislativa que busca redefinir el papel de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en temas relacionados con la transparencia y acceso a la información. Con 25 votos favorables, esta iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) establece que la ASF no podrá actuar como juez y parte en los recursos de revisión relacionados con estas áreas clave. En lugar de ello, se delegará dicha responsabilidad a la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados.
La discusión sobre este tema fue liderada por el diputado Javier Herrera Borunda, quien destacó que la ASF, aunque técnicamente independiente, no es un órgano interno de control dentro de la Administración Pública Federal. Por lo tanto, su capacidad para resolver asuntos de transparencia sin conflictos de interés ha sido cuestionada. Para abordar esta preocupación, la reforma plantea modificar los artículos 103 y 104 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Estas modificaciones buscan garantizar que las solicitudes ciudadanas sean evaluadas de manera imparcial y efectiva.
Herrera Borunda enfatizó que la asignación de esta función a la Cámara de Diputados permitirá proporcionar certidumbre a los ciudadanos. A través de la Unidad de Evaluación y Control, dependiente de la Comisión de Vigilancia, se espera que se fortalezca la confianza pública en los mecanismos de transparencia gubernamental. Durante una reunión extraordinaria, también se ajustaron ciertos aspectos transitorios de la propuesta inicial para clarificar las competencias entre instancias involucradas.
Conforme a las nuevas disposiciones planteadas, la Unidad tendrá la tarea de implementar y operar mecanismos de acceso a la información pública derivados de solicitudes dirigidas a la ASF. Asimismo, deberá resolver procedimientos vinculados a la protección de datos personales, siempre de acuerdo con lo establecido en la Constitución y otras leyes aplicables. Este cambio estructural representa un paso importante hacia una mayor rendición de cuentas y eficiencia en la gestión de la información pública.
El avance de esta iniciativa refleja un compromiso renovado por parte de los legisladores mexicanos para mejorar los sistemas de transparencia y rendición de cuentas. Al transferir la responsabilidad de evaluar recursos de revisión desde la ASF hacia una unidad especializada bajo supervisión parlamentaria, se busca asegurar un proceso más justo y transparente para todos los interesados. Este desarrollo marca un hito en la lucha contra la corrupción y la falta de transparencia en el ámbito público.