La preocupación internacional sobre el sistema judicial mexicano ha aumentado debido al rechazo del gobierno mexicano de responder a cuestionamientos planteados por organismos como la ONU. Estas omisiones dificultan evaluar cómo las reformas actuales podrían afectar aspectos fundamentales como la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho en el país. La Jufed ha expresado su inquietud y busca establecer canales de comunicación con instancias internacionales para abordar esta problemática.
El gobierno mexicano enfrenta críticas por no proporcionar información clara sobre los cambios implementados en el ámbito judicial. Organismos internacionales, incluida la ONU, han planteado preguntas sobre cómo estas modificaciones impactan en la independencia judicial y los derechos ciudadanos. A través de diversos foros internacionales, se ha destacado que este silencio complica entender si tales medidas refuerzan o debilitan las estructuras democráticas del país.
En estos diálogos globales, se ha subrayado que la falta de transparencia podría llevar a interpretaciones negativas sobre el compromiso de México con principios fundamentales como el Estado de derecho. Por ejemplo, cuando jueces son elegidos mediante votación popular, surgen dudas acerca de si esto garantiza imparcialidad o introduce elementos políticos en decisiones judiciales. Estas preocupaciones requieren una respuesta clara por parte de las autoridades nacionales para evitar malentendidos internacionales.
Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Jufed, está llevando a cabo reuniones estratégicas con representantes clave en Europa y organizaciones internacionales. Su objetivo es asegurar que las voces de los magistrados y jueces sean escuchadas en plataformas globales. Estas conversaciones buscan clarificar posiciones y generar colaboraciones que fortalezcan el sistema legal mexicano.
Estas iniciativas diplomáticas incluyen encuentros con eurodiputados, miembros de la OIT y otros actores relevantes dentro del ámbito jurídico internacional. Durante dichas sesiones, se discuten alternativas viables que puedan reconciliar las diferencias entre la visión gubernamental y las recomendaciones externas. Además, se enfatiza la importancia de mantener canales abiertos para futuros intercambios constructivos, promoviendo así una imagen más equilibrada de las transformaciones ocurridas en el sector judicial mexicano.