Un paso significativo hacia la protección de los derechos de los consumidores financieros ha sido dado con la aprobación de la Ley 32327. Esta normativa introduce cambios importantes en las leyes vigentes relacionadas con servicios financieros y defensa del consumidor, mejorando el procedimiento para corregir y actualizar datos en las centrales de riesgos.

La nueva ley fortalece los mecanismos que permiten a las personas en mora recuperar su historial crediticio de manera más eficiente. Una vez que un individuo pague sus deudas pendientes, tendrá derecho a solicitar una certificación formal dentro de un plazo breve, garantizando que esta información sea compartida rápidamente con las autoridades pertinentes. Este proceso asegura que las entidades financieras ajusten la información registrada en las bases de datos oficiales y privadas, proporcionando transparencia y precisión en los registros crediticios. Además, si se detectan errores en las cuentas, las instituciones financieras están obligadas a notificar tanto al cliente como a las autoridades correspondientes, facilitando así la corrección oportuna de cualquier discrepancia.

Además de estas medidas, se han establecido plazos más cortos para que las centrales de riesgo actualicen la información crediticia de los usuarios. Con este cambio, las empresas tendrán solo dos días hábiles para reflejar modificaciones en los registros, lo que representa una mejora considerable respecto al período anterior. Estas reformas entrarán en vigor gradualmente, dando tiempo suficiente a las autoridades para implementar todas las disposiciones necesarias. El compromiso con la transparencia y la equidad en el sistema financiero es evidente en cada uno de estos ajustes legales.

Con la entrada en vigor de estas disposiciones, se establece un precedente importante para la relación entre consumidores y proveedores financieros. Al simplificar los procesos administrativos y reducir los plazos de respuesta, se fomenta un ambiente de confianza mutua y responsabilidad compartida. Este avance no solo beneficia a los usuarios finales, sino que también contribuye a fortalecer la estabilidad y credibilidad del sector financiero peruano, promoviendo un desarrollo sostenible e inclusivo.