En apenas dos días, la presidenta peruana Dina Boluarte se enfrenta a cinco denuncias constitucionales que cuestionan su desempeño y ética en el cargo. Entre estas acusaciones destaca una reciente presentada por el Ministerio Público, vinculada a procedimientos estéticos realizados sin notificación formal al Congreso ni delegación de funciones. Además, existe preocupación por la posible eliminación de documentos médicos clave relacionados con estos eventos.

El caso incluye omisiones funcionales durante su ausencia del cargo, falta de comunicación oficial sobre su estado médico y sospechas de encubrimiento personal mediante la manipulación de registros clínicos. Estas acusaciones podrían desencadenar un proceso de vacancia presidencial si el Congreso decide actuar conforme a las evidencias presentadas.

Cuestionamientos Legales Sobre Ausencias Presidenciales

Un análisis detallado revela que entre junio y julio de 2023, Dina Boluarte se sometió a diversos procedimientos estéticos en una clínica privada de Lima. Durante este período, no asistió a reuniones oficiales ni comunicó adecuadamente su situación al poder legislativo. Aunque continuó firmando resoluciones desde su residencia, esta acción levantó dudas sobre su cumplimiento efectivo de las responsabilidades presidenciales.

Las investigaciones apuntan a que los tratamientos médicos requerían reposo prolongado, pero no se informó oficialmente ni se transfirieron temporalmente las funciones ejecutivas como exige la Constitución. Este comportamiento contradice normativas fundamentales sobre la transparencia y disponibilidad de un jefe de Estado. Además, varios altos nombramientos y decisiones políticas fueron emitidos durante este tiempo sin explicación clara sobre cómo se gestionaban dichas tareas bajo recomendaciones médicas restrictivas.

Evidencias Perdidas y Manipulación Documental

Otro aspecto crítico de la investigación es la desaparición de partes importantes de la historia médica de la mandataria. Documentos como evaluaciones preoperatorias y notas de alta no aparecen en los archivos originales de la institución donde se realizaron los procedimientos. Esta falta de información completa obstaculiza cualquier intento de clarificar las razones reales detrás de su ausencia laboral.

Según fiscales involucrados en el caso, existen indicios fuertes de que ciertos registros fueron deliberadamente retirados o alterados para ocultar detalles incriminatorios. Este tipo de conducta podría configurar delitos graves como encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. La gravedad de estas acusaciones radica en que comprometen tanto la integridad profesional como personal de la presidenta, afectando severamente su credibilidad ante el pueblo peruano y organismos internacionales.