El gobierno ha introducido modificaciones legales que, bajo el pretexto de salvaguardar a los menores, amplían significativamente las atribuciones judiciales. Estas nuevas facultades permitirán a los jueces ordenar la eliminación de información alojada en servidores digitales cuando se considere que afecta al orden público, la investigación penal, la seguridad nacional o incluso la dignidad personal. Este abanico de razones incluye aspectos tan diversos como la protección de la salud pública, el respeto a principios fundamentales y la prevención de discriminación basada en diversas circunstancias personales.

Además de estas disposiciones generales, el proyecto legal busca establecer mecanismos adicionales para regular el contenido digital accesible a los jóvenes. Se propone, por ejemplo, interrumpir servicios informativos que faciliten acceso ilimitado a materiales perjudiciales para el desarrollo físico, mental o moral de los menores. Sin embargo, también introduce conceptos ambiguos como la "desinformación" o "manipulación", lo cual podría interpretarse como una estrategia para controlar narrativas contrarias a ciertos intereses gubernamentales. Este enfoque genera preocupación sobre posibles abusos del poder judicial en temas de libertad de expresión.

Es crucial recordar que cualquier medida restrictiva debe equilibrarse con el respeto a derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, como la libertad de expresión y el derecho a la información. Aunque la intención declarada es noble, existe el riesgo de que tales normativas sean utilizadas para limitar el acceso a contenidos críticos hacia el gobierno. Por ello, es indispensable garantizar transparencia y justificación sólida en cada decisión judicial relacionada con la supresión de contenido en línea. En última instancia, la sociedad debe reflexionar sobre cómo lograr un entorno digital seguro sin comprometer nuestras libertades democráticas más preciadas.