En los próximos meses, México experimentará cambios significativos en la gestión de solicitudes relacionadas con el acceso a la información pública debido a una reestructuración administrativa. Con la implementación del órgano denominado Transparencia para el Pueblo, se sustituirá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este proceso transitorio incluye la suspensión temporal de ciertos procedimientos hasta que las nuevas autoridades estén plenamente operativas. La ley establece límites claros para estas pausas, afectando tanto a recursos de revisión como a denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia.

El período de transición contempla diversas fechas clave para la implementación efectiva de los nuevos sistemas. Hasta el 3 de junio, quedan suspendidos los trámites ante Transparencia para el Pueblo relativos a recursos de revisión en materia de acceso a la información pública emanados del Poder Ejecutivo Federal. Durante este tiempo, también se pausan las denuncias vinculadas al cumplimiento de las normas de transparencia por parte de dichas entidades gubernamentales. Adicionalmente, hasta el 18 de junio, otras autoridades garantes federales mantendrán en espera procedimientos relacionados con otros poderes, como el legislativo y judicial federal, así como órganos constitucionales autónomos, partidos políticos y sindicatos.

Este cambio implica un ajuste importante en cómo se manejarán las peticiones de información y las denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia. A partir del 19 de junio de 2025, las autoridades garantes federales asumirán la responsabilidad de resolver estos casos, enfocándose en los sujetos obligados dentro de su competencia. Este sistema busca garantizar una mayor eficiencia y coordinación entre las distintas ramas del gobierno.

La introducción de Transparencia para el Pueblo representa un esfuerzo por fortalecer la rendición de cuentas y mejorar el acceso a la información pública en México. Los ciudadanos deben estar conscientes de estos ajustes temporales en los plazos legales mientras se consolida esta nueva estructura administrativa. El objetivo final es promover una cultura de transparencia más inclusiva y accesible para todos los mexicanos.

A medida que avanza este proceso de reconfiguración, se espera que Transparencia para el Pueblo cumpla un papel crucial en la modernización de los mecanismos de acceso a la información pública. Este cambio no solo redefine las funciones administrativas sino que también marca un hito en la lucha contra la corrupción y la promoción de prácticas gubernamentales éticas y transparentes.