El 20 de marzo de 2025 se anunció una nueva legislación que redefine el panorama de la transparencia y acceso a la información pública en México. Este cambio elimina estructuras anteriores, como el INAI, y establece un nuevo marco con autoridades garantes bajo el control directo del poder ejecutivo federal y estatal. Aunque mantiene ciertos aspectos de la normativa anterior, introduce modificaciones significativas que afectan los niveles de rendición de cuentas.

Además, las entidades federativas enfrentan el desafío de adaptar sus propias leyes al nuevo esquema general, lo que podría abrir oportunidades para innovar o simplemente cumplir con los mínimos requerimientos legales.

Transformaciones en la Estructura de Transparencia

La reciente modificación legal sustituye los organismos autónomos por nuevas autoridades dependientes de los poderes federales y estatales. Este cambio representa un giro importante respecto a las garantías constitucionales previamente otorgadas.

A lo largo de dos décadas, el INAI destacó por su papel clave en revelaciones públicas relevantes. Sin embargo, también enfrentó críticas relacionadas con abusos internos. Ahora, la responsabilidad recae en funcionarios designados por presidentes, gobernadores y otros líderes institucionales. Aunque algunas obligaciones permanecen vigentes, conceptos fundamentales como la máxima publicidad han sido retirados del texto legal actual.

Con la eliminación del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y sus equivalentes regionales, emerge un sistema donde las decisiones sobre transparencia se centralizan en figuras políticas electas. Este ajuste genera preocupación entre defensores de la apertura gubernamental, quienes temen que la autonomía pierda fuerza frente a intereses partidistas o administrativos. Asimismo, la ausencia de principios claros como "máxima publicidad" plantea interrogantes sobre cómo se manejarán casos delicados futuros.

Es crucial analizar si esta transformación fortalecerá o debilitará las relaciones entre ciudadanos y sus representantes públicos. La efectividad dependerá de cómo cada entidad implemente estas reformas y supervise su aplicación.

Perspectivas Locales ante la Nueva Legislación

Las entidades federativas tienen la tarea de armonizar sus disposiciones locales conforme a los lineamientos generales establecidos. Este proceso ofrece tanto riesgos como oportunidades para mejorar las prácticas de transparencia.

Organismos como México Evalúa proponen recomendaciones específicas destinadas a incentivar avances significativos más allá de lo básico exigido por la ley federal. Estas incluyen la creación de órganos colegiados y la selección de especialistas competentes para liderarlos.

Cada estado tiene la posibilidad de distinguirse mediante la elaboración de normativas avanzadas que superen los estándares nacionales. Históricamente, algunos territorios han demostrado interés en impulsar iniciativas pioneras dentro de este ámbito. Por ejemplo, Coahuila y Guanajuato ya han comenzado a trabajar en esa dirección.

En contraste, existe el peligro de que otras regiones opten simplemente por replicar los términos generales sin agregar valor adicional. Este escenario limitaría el impacto positivo esperado de la reforma y podría perpetuar viejas dinámicas opacas.