En Argentina, el acceso a la información pública ha sido un tema crucial desde la promulgación de una ley específica en 2016. Este derecho permite a cualquier ciudadano solicitar datos a organismos estatales sin necesidad de justificar su interés. Sin embargo, recientemente se han observado tensiones significativas respecto a este derecho fundamental. Durante la gestión del gobierno liderado por Javier Milei, hubo un aumento notable en los pedidos de información pública, pero también un incremento en los incumplimientos. Además, empresas como YPF rechazaron revelar detalles sobre campañas publicitarias, a pesar de dictámenes favorables emitidos por la Agencia de Acceso a la Información Pública.

El acceso a la información pública comenzó a ser regulado formalmente en 2016 bajo el gobierno de Mauricio Macri. Aunque inicialmente se establecieron plazos y procedimientos claros para responder a las solicitudes, con el tiempo surgieron desafíos. En septiembre de 2024, el gobierno modificó la definición de “información pública”, excluyendo ciertos tipos de datos que no tengan un vínculo directo con el interés público. Este cambio fue criticado por organizaciones civiles como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quienes argumentan que esta medida limita aún más el derecho ciudadano.

Los números reflejan un crecimiento constante en los pedidos de información pública desde la entrada en vigor de la ley. Bajo el mandato de Macri, se registraron 9.169 solicitudes; durante el gobierno de Alberto Fernández, este número aumentó a 31.156. Sin embargo, bajo el gobierno de Milei, se alcanzó un récord histórico con 12.508 pedidos hasta abril de 2025. A pesar de este aumento, el gobierno de Milei también ostenta el mayor porcentaje de incumplimientos: el 7,7% de las solicitudes no recibió respuesta dentro del plazo legal.

Entre los ministerios más solicitados figuran Economía y Jefatura de Gabinete, ambos destacándose como los principales receptores de pedidos. Curiosamente, también son algunos de los más incumplidores. El Ministerio de Desregulación lidera esta lista, con casi el 70% de sus solicitudes sin respuesta. Le siguen áreas relacionadas con medios de comunicación y salud, lo que sugiere posibles restricciones en temas sensibles o estratégicos para el gobierno.

Por otro lado, los solicitantes provienen de diversas esferas de la sociedad. Las personas particulares encabezan la lista con 13.167 pedidos realizados desde la implementación de la ley. También destacan instituciones académicas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, todas ellas comprometidas con la transparencia gubernamental.

Aunque existen excepciones legales que permiten denegar ciertas solicitudes, como aquellas relacionadas con seguridad nacional o secretos industriales, estas deben ser manejadas con cuidado. La preocupación reside en que las nuevas definiciones puedan abrir brechas que debiliten aún más el acceso a la información pública. Es fundamental que tanto el gobierno como las entidades públicas mantengan un compromiso firme con la transparencia, garantizando así una democracia más participativa e informada.